El próximo 28 de septiembre se cumple el plazo para la presentación de ofertas al concurso para la concesión del hospital de Valdemoro.

Los pretendientes
Adeslas quiere amortizar los seis años de gestión en Alcira. La aseguradora pretende rentabilizar la experiencia de gestión del Área 10 valenciana bajo el modelo de concesión administrativa y por eso se ha interesado por el concurso de Valdemoro. Su principal aval es el éxito obtenido en los seis último años en Valencia.

Sanitas acude de la mano de Acciona y Bovis Lend Lease.
El Grupo Pascual sopesa la idea de optar al concurso. La presencia de Sanitas no es la única sorpresa. El Grupo Pascual, presente en Extremadura y Valencia, también se ha interesado por Valdemoro. Su idea inicial era presentarse con otro socio sanitario, aunque es probable que termine presentándose en solitario.

En la misma situación se encuentra Asisa, que también prefería optar a la concesión acompañado de otro socio sanitario más poderoso. En su caso, es menos probable que decida ir por libre. DKV, USP e IDC, que han mostrado interés por el modelo, no participarán en esta ocasión: DKV quiere centrarse en su concesión en Denia y USP e IDC están enfocados en su estrategia de crecimiento.

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El Ministerio de Fomento tiene prácticamente concluido su proyecto de Sociedad de Infraestructuras del Transporte Terrestre. Este organismo, de capital 100% público, controlará la gestión de las nuevas obras de carreteras y ferrocarril que se financien con recursos extrapresupuestarios, tanto públicos como privados.

Se cree que quien más opciones tiene para dirigirla es Josefina Cruz, actual secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.

El objetivo de esta sociedad es controlar las nuevas obras en carreteras y ferrocarril que se financien con recursos extrapresupuestarios, ya sean públicos o privados. 'Será la encargada de vigilar, por ejemplo, que se cumplan todas y cada una de las condiciones establecidas en los contratos de cada nueva concesión que se firme', aseguran las mismas fuentes.

La empresa pública, que será presentada próximamente, parte con una dotación económica inicial de 500 millones de euros correspondientes a este año, , a los que podrán sumarse otros 300 ó 400 el próximo ejercicio.

Así, la nueva sociedad será la encargada de estudiar las necesidades de tráfico que existen en los dos modos de transporte: carreteras y ferrocarril; licitar los contratos de obras, hacer el control de calidad de las mismas y, por supuesto, captar el mayor volumen de financiación privada posible en el mercado.
La remodelación de las autovías más antiguas, también conocidas como de primera generación, es uno de los primeros trabajos en los que tome partido esta nueva sociedad.

El proyecto, que prevé actuar sobre más de 1.500 kilómetros de la A-I Madrid-Burgos; la A-II Madrid-Barcelona; A-IV Madrid-Bailén y A-V Madrid-Badajoz, supondría un desembolso para las arcas públicas de más de 2.000 millones de euros, aunque es probable que llegara a movilizar una inversión total de 4.500 millones.

Su elevado coste y la dificultad que entraña encontrar una fórmula de financiación que no vulnere los principios de Eurostat y no comprometa demasiado el objetivo de estabilidad presupuestaria ha retrasado constantemente su puesta en marcha y, por ende, ha encarecido el proyecto.

Sin embargo, no por ello se ha renunciado a llevarlo a cabo y ya se ultima su fórmula de financiación: contrato concesional de 20 años.

Desde el sector constructor, sólo se ponen objeciones al hecho de que será difícil captar fondos privados para la construcción de grandes líneas ferroviarias, 'ya que ahí es imposible recuperar la inversión, sólo es viable entrar en la explotación y el mantenimiento'.

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