La consellera de Educación, Marta Cid i Pañella, tras reunirse con una veintena de representantes del ámbito educativo -sindicatos, asociaciones de padres y alumnos, patronales y entidades municipalistas-, llegó a un acuerdo sobre el Pacto Nacional de Educación (PNE).

El PNE, embrión de la futura Ley Catalana de Educación -cuyos trámites se prevén empezar esta legislatura-, salió adelante con el apoyo de la práctica totalidad de representantes de la comunidad educativa, entre los que destacan los sindicatos CC.OO. y UGT, las Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública (FAPAC) y de la Secundaria (FAPAES) o las cuatro patronales de la escuela concertada.

El Pacto Nacional de Educación, para cuya aplicación la Generalitat invertirá 1.197 millones de euros hasta el curso 2008-09, contempla varias medidas enfocadas a mejorar la calidad del sistema educativo y eliminar las diferencias entre la escuela pública y la privada concertada.

Entre las medidas més relevantes del PNE destacan las siguientes:

- Sexta hora de primaria. La aplicación de la sexta hora lectiva en las escuelas de Primaria públicas (para homologarlas a las concertadas, que ya la aplican), se hará finalmente en dos cursos y comportará una inversión de 248 millones.

- 4.600 profesores nuevos. Educación se compromete a que la aplicación de la sexta hora no obligue a los profesores a trabajar más horas. La Generalitat contratará a un total de 4.600 nuevos profesores y de ellos, 2.600, se destinarán sólo a la sexta hora. Las nuevas incorporaciones servirán además para garantizar la reducción de la jornada laboral, en dos horas semanales, para todos los profesores.

- Escuelas abiertas. El pacto prevé la inversión de 27 millones en ayudas para que los centros que lo deseen puedan abrir del 1 de septiembre hasta el 30 de junio ofreciendo actividades extracurriculares. Estas actividades serán financiadas con la fórmula de copago entre Educación y las familias.

- Ayudas a la concertada. La Generalitat se marca el objetivo de que en seis años como máximo se logre la gratuidad efectiva en todas las escuelas concertadas, para que éstas dejen de cobrar cuotas a las familias. Hasta llegar a esta meta, de momento se establecerán ayudas a la concertada para escolarizar alumnos «con necesidades educativas específicas o en situación socio económica desfavorable»; a la práctica: inmigrantes. Por cada cinco alumnos inmigrantes, la escuela recibirá unas ayudas de Educación que servirán para financiar el coste total de dichas plazas, incluyendo la sexta hora en Primaria. Paralelamente, la Generalitat hará el próximo curso una prueba piloto con cinco escuelas concertadas para aplicar los llamados «contratos-programa», un acuerdo en el que la Generalitat se compromete a financiar los costes reales de una escuela concertada a cambio de su mayor compromiso en algunos aspectos, como la escolarización de inmigrantes. Durante el curso que viene, se hará un estudio para revisar y ajustar a la realidad el módulo del concierto educativo, lo que Educación paga a las concertadas.

- Por otra parte, otras medidas que contempla el PNE es un plan de choque para la Secundaria para hacer frente al fracaso escolar -80 millones de euros-, el aumento en un 50% de las becas para comedores, la extensión a más centros del programa de reutilización de libros de texto, o ayudas para las asociacines de padres y madres.

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Gestió d'Infraestructures S.A., empresa pública de la Generalitat de Catalunya, ha anunciado la licitación del contrato de concesión para la redacción del proyecto constructivo, la construcción y la explotación del tramo de la via preferente C-17 que transita entre Centelles y Ripoll.

Las principales características de la licitación son las siguientes:

- Presupuesto base: 270.739.239,57€ IVA del 16% incluido. Garantía provisional: 5.414.784,79 Euros, IVA del 16% incluido.

- Fecha límite de las ofertas: 15/05/2006 a las 13:00

- Apertura de plicas: 25/05/2006 a las 10:00

- Entidad adjudicadora: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

- Objeto del contrato: Concesión para la redacción del Proyecto constructivo, la construcción y la explotación del tramo de la via preferente C-17 que transita entre Centelles y Ripoll.

- Lugar de ejecución: Ripollès.

- Plazos: 33 años de duración de la concesión, término contando desde el día siguiente de la notificación del acuerdo de adjudicación.
2 meses para la redacción del proyecto de la via preferente C-17 correspondiente a la variante de Les Masies de Voltregà plazo contador desde formalización del contrato.
18 meses para la construcción del tramo de la via prefernte C-17 correspondiente a la variante de Les Masies de Voltregà.
6 meses para la redacción del proyecto del tramo de la via preferente C-17 que transita entre Les Masies de Voltregà y Ripoll y la mejora de enlaces del tramo de la concesión ya construido entre Centelles y Ripoll y la mejora de enlaces del tramo de la concesión ya construido entre Centelles y Les Masies de Voltregà.

Información relativa a la convocatoria del concurso y documentación asociada al mismo

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Aprobado el dictamen del Consejo Económico y Social sobre el anteproyecto de ley de contratos del sector público.

El CES valora de forma positiva la reforma integral de esta Ley desde la exigencia de incluir la regulación de la mencionada Directiva.

Es acertado ampliar la aplicación de la ley de contratos a todo el sector público dada la tendencia de los últimos años a crear entidades instrumentales .

También apoya la incorporación de cláusulas de tipo social y medioambiental a la hora de valorar y ejecutar las ofertas, especialmente el apoyo a la calidad del empleo y la reducción de la temporalidad.

El CES propone limitar a dos escalones las subcontrataciones en el sector público .

Advierte dela excesiva indeterminación reflejada en el nuevo tipo contractual sobre colaboración entre el sector público y privado y pide que se aclare.

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Los días 22 y 23 de marzo de 2006 se celebró en Barcelona la conferencia "Fórmulas de Financiación, Construcción y Explotación de Infraestructuras Sanitarias en Cataluña", organizada por Recoletos Conferencias.

Los cuatro grandes temas que se abordaron en la conferencia fueron:

- Política de infraestructuras sanitarias en Catalunya
- Modelos de gestión y fórmulas de financiación
- Análisis de diferentes modelos PPP/PFI en hospitales
- Casos prácticos en Catalunya

Estuvieron presentes representantes de los distintos organismos públicos catalanes relacionados con la sanidad, así como las principales empresas del sector.

ProPública estuvo presente para aportar el punto de vista del promotor independiente/inversor privado.

Presentación de ProPública "La Visión del Inversor Privado en PPPs Sanitarios"

Programa de la jornada

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Ferrovial se encargará de la construcción, mantenimiento y explotación de la Prisión de Lledoners durante 30 años. Se trata de la construcción de una nueva cárcel en la provincia de Barcelona, con capacidad para 750 presos y que supondrá una inversión de alrededor de 70 millones de euros. Durante los doce primeros meses de concesión, la Generalitat pagará a Ferrovial 6,012 millones de euros, cifra que se incrementará cada año en un 2,5%.

La oferta de la constructora se ha impuesto a las propuestas presentadas por otros nueve grupos, al proponer el canon de alquiler más bajo.

Resumen de las ofertas económicas de las 10 empresas o consorcios presentes.

El centro penitenciario Els Lledoners se alzará en el municipio de Sant Joan de Vilatorrada, ubicado en la comarca del Bages, a 58 kilómetros de la capital catalana. La empresa pública GISA adjudicó ayer el proyecto a Ferrovial, que recibirá 93,55 millones de euros de la Generalitat durante el periodo de concesión.

La concesión se basa en la constitución de un derecho de superficie, sistema que implica que, una vez transcurridos los 30 años, el inmueble pasará a ser propiedad de la Generalitat.

En el contrato no se incluye la gestión del centro ni los servicios de limpieza, lavandería y restauración, a diferencia de lo que ocurre en otros países, como Reino Unido, donde las empresas privadas se encargan incluso de la seguridad y de los programas de reinserción de los presos. Desde comienzos de la década de los noventa, la Administración británica ha subcontratado la gestión de once de las 140 cárceles del país.

En el caso de la prisión del Bages –que estará lista en 2008–, la dirección del centro dependerá de la Generalitat, los vigilantes serán funcionarios de prisiones y la seguridad dependerá de los Mossos d’Esquadra. Cataluña ya había adjudicado la ampliación de dos de sus centros penitenciarios con este sistema, aunque eran contratos menores.

El tripartito ha extendido también la fórmula de cooperación público privada o public private partnership (PPP) a la edificación de comisarías y juzgados. A finales de año, sacará a concurso cuatro cárceles más.

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El Tesoro Británico ha publicado un informe sobre su programa PFI titulado PFI:reforzando las relaciones a largo plazo.

En el informe se concluye muy positivamente sobre los resultados de los 500 proyectos PFI operativos en el Reino Unido.

El resúmen de conclusiones es:

- Los usuarios están satisfechos, con el 79% de los proyectos que reportan que los estándares acordados se satisfacen siempre o casi siempre.
- Las autoridades públicas informan de niveles de satisfación muy elevados con respecto a los niveles de servicio contratados: el 96% de las administraciones públicas están satisfechas.
- Los servicios contratados son apropiados para el 83% de los encuestados.
- La incentivación de los contratos PFI está funcionando. La deducción por incumplimientos ha sido baja, reflejando un alto nivel de servicios; y, cuando se han aplicado las deducciones, el nivel de servicios posterior ha sido satisfactorio.

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Economía tiene ya encima de la mesa las propuestas que acaban de enviar las grandes constructoras, muy preocupadas por las consecuencias 'muy negativas' que puede tener el cambio contable para las concesiones. Con las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIC), estarían obligadas a anotar de golpe todos los costes financieros en los primeros años de concesión de las autopistas, lo que coincide con el periodo de fuertes inversiones para ponerlas en marcha. Hasta ahora, la norma española permitía apuntarlos a lo largo de toda la concesión.

Éste es el principal problema, junto con la amortización de las inversiones de golpe y el cambio en el fondo de reversión (cubre el valor de las autopistas hasta que las empresas las devuelven a la Administración que las ha cedido, normalmente, por más de 20 años).

En el documento enviado a Solbes, las constructoras proponen una norma nueva, sólo para concesiones, que reconozca que los costes están ligados a los ingresos de todo el plazo de concesión y que éstos están regulados, ya que responden a unas tarifas fijadas por la Administración (los peajes). Quieren demostrar que son activos regulatorios.. Y además, que se reconozca que esos costes son recuperables en el periodo de concesión para que se les permita anotarlos periódicamente. También proponen que se puedan valorar a precio de mercado, como los activos inmobiliarios.

Si se aplicara estrictamente la norma contable que está en vigor desde el año pasado, las concesionarias (controladas en su gran mayoría por las constructoras) entrarían en pérdidas contables en los primeros años de gestión y fuertes beneficios al final.

De momento, no están aplicando la norma de forma definitiva porque falta el criterio final que debe dar el comité de interpretación de esta regulación (Ifric, por sus siglas en inglés). Lo emitirá en el segundo semestre de este año.

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Un sistema sanitario sostenible es un informe publicado en marzo de 2006 por el Círculo de Empresarios en el que se analiza la sostenibilidad del modelo sanitario actual, lo que depara el futuro y las alternativas para solucionar sus problemas más graves.

Destaca la mención a la Colaboración Público-Privada como método para racionalizar y optimizar la calidad en la construcción y explotación de centros sanitarios.

Si bien la situación del sistema sanitario en España no es tan dramática como en países como Estados Unidos, hay que preguntarse si el sistema actual será sostenible a medio plazo.

El informe del Círculo de Empresarios Un sistema sanitario sostenible , incluye once recomendaciones para reformar el sistema actual. Europa del Este, Asia y otras regiones en desarrollo con las que competimos, tal vez no disfruten de los beneficios de un sistema de cobertura de sanidad moderno, pero, por la misma razón, tampoco soportan la consiguiente carga impositiva para financiarlo.

Claramente, lo que se necesita en España es la determinación política de reformar el sistema siguiendo el ejemplo de casi todos los países del norte europeo. Incluso en Inglaterra, bastión del Servicio Nacional de Sanidad desde 1947, se están contratando hospitales privados para prestar servicio a los pacientes y acortar las listas de espera en las intervenciones quirúrgicas.

El virus del sistema español radica en su accesibilidad: subsiste una buena calidad y un coste razonable, pero el precio ha sido la larga lista de espera para acceder al diagnóstico y tratamiento. La idea de introducir el copago en los servicios, actualmente limitado a los medicamentos y que en su momento fue anatema cuando se introdujo como ticket moderador en el Informe Abril de 1991, cuenta con muchos seguidores. Sin ir más lejos, Alemania ha introducido recientemente un copago de diez euros en las visitas a especialistas, que cubre la atención durante tres meses.

Considerar el sistema privado de sanidad, que equivale a una cuarta parte del gasto en España, como un complemento al sistema público y no como una duplicación, supondría un gran avance en la eficiencia del servicio. La cobertura en hospitales de gestión privada financiados públicamente, como el de Alzira en la región valenciana y las instalaciones que se han previsto en Valdemoro, cerca de Madrid, son ejemplos del dinero que sigue al paciente y donde es irrelevante que el tratamiento médico sea en un centro público o privado. Las reformas de este tipo son necesarias para controlar el coste del sistema, que en todos los países crece exponencialmente, debido a los nuevos avances médicos y farmacéuticos y a una población que envejece y que, al tener más formación y recursos, exige una calidad más alta de cobertura sanitaria.

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El CES (Consejo Económico y Social) ha aprobado el dictamen sobre el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia

El CES valora la creación del Sistema Nacional de Dependencia como un avance fundamental en el proceso de modernización del sistema español de protección social .

Destaca la necesidad de que el contenido mínimo de las prestaciones que debe especificar la ley responda a los criterios de suficiencia y adecuación a las necesidades de las personas dependientes, garantizando el principio de equidad territorial.

El CES subraya que el Consejo Territorial debe ser quien determine las prestaciones homogéneas en todo el Estado y los convenios con las CCAA determinar la aplicación para su población

En materia de financiación el CES insiste en la necesidad de que sea estable, suficiente y sostenida en el tiempo.

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Presentación de Fernando Gutiérrez de Vera, presidente de la Comisión de Infraestructuras de SEOPAN, sobre el papel que han tenido y tendrán las colaboraciones público-privadas para el desarrollo de las infraestructuras en España, hecha con motivo de la I Conferencia sobre Public Private Partnerships, organizada en marzo de 2006 por la Comunidad de Madrid.

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El Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, D. Luis Peral Guerra, ha visitado Temple Primary School en Manchester, como parte de una visita organizada por el British Council (coordinado desde su oficina de Madrid por D. John Carrivick) para obtener información sobre el sistema educativo británico.

Temple School es una escuela construída bajo el programa PFI británico (una modalidad de colaboración público privada) y fue una de las infraestructuras pioneras en esta modalidad en el Reino Unido. La construcción de la escuela se convirtió en elemento central de la regeneración del barrio de Cheetham Hill (un área con graves problemas dotacionales y sociales). La escuela atiende a 500 alumnos (de 2 a 11 años) y tiene una superficie construída de 3.500 m2.

En la visita, el Consejero fue acompañado por cuatro miembros de la Asamblea de Madrid (dos diputados del PSOE y dos diputados del PP) así como de altos funcionarios de la Consejería de Educación y de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Durante la visita, además de conocer las instalaciones, la delegación española departió con la directora del colegio interesándose sobre el funcionamiento de la colaboración público - privada en ésta escueal.

Investors in the Community (programa gestionado por Mill Group) fue la entidad privada encargada de construir, financiar y proveer los servicios dentro del contrato PFI. Mill Group actúa en España a través de ProPública (sociedad en joint venture con GB Investment Banking) con el objeto de aprovechar su experiencia de 12 años en programas PPP británicos en España.

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Las empresas españolas de ingeniería se encuentran entre las líderes europeas del sector y gozan de una importante presencia en el exterior. Sin embargo, a pesar de la importancia de empresas como Técnicas Reunidas, Sener e Idom, siguen a la sombra de las grandes constructoras y la mayoría no cotizan en bolsa. Ambos factores han aumentado las expectativas de movimientos estratégicos a corto plazo.

Los inversores institucionales han puesto su punto de mira en las ingenierías. Se trata de un sector muy atomizado cuyas empresas tienen márgenes cada vez más ajustados debido a la fuerte competencia. La reciente operación en la que la familia Lladó compró al Santander un 38% de Técnicas Reunidas se considera un paso previo para que ésta se convierta en empresa cotizada y el pistoletazo de salida para otras operaciones corporativas en el sector.

Dentro de la estrategia de diversificación, las ingenierías quieren implicarse en todo lo relacionado con la entrega de proyectos "llave en mano" y en el área de las infraestructuras, especialmente mediante las distintas fórmulas de colaboración público-privada.

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En mayo de 2006 tendrá lugar la inauguración del primer tramo de abastecimiento del Canal de Navarra, construido por el Gobierno navarro y que será gestionado por una empresa privada los próximos 30 años.

La construcción y explotación del resto de las instalaciones se adjudicarán al sector privado. Este mismo mes se concederá la primera zona regable, en las cercanías de Olite, que suma 27.000 hectáreas.

El Canal tendrá 180 kilómetros y una capacidad de 400 hectómetros cúbicos de agua procedentes del Embalse de Itoiz, de los que 340 se destinarán a regadíos y el resto a abastecimiento humano.

La obra también permitirá aprovechar los saltos de agua para generar electricidad. Así, se van a construir dos centrales hidroeléctricas que permitirán generar entre 80 y 130 Gwh cada año, lo que supone más del 6,5% del consumo energético de Navarra.

La inversión total es de 600 millones de euros, de los que 28 se destinarán a construir las centrales hidroeléctricas. El 50% del coste correra a cargo de una sociedad pública (participada en un 60% por el Ministerio de Medio Ambiente y en un 40% por el Gobierno de Navarra) y el resto se financiará por el sistema de peaje en la sombra.

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La adjudicación del proyecto de construcción y explotación de la autopista Alto de las Pedrizas-Málaga ha sacado a relucir la fuerte rivalidad y la agresividad inversora de los grandes grupos constructores españoles.

El Ministerio de Fomento había previsto que la inversión necesaria para construir el trazado podría ascender a 421 millones de euros. Entre los ocho consorcios en liza, se ha conseguido rebajar esta cantidad hasta 287 millones de euros, es decir, un 46% menos.

Entre la oferta más cara (Ploder) y la más barata, en términos de inversión, hay hasta 284 millones de euros de diferencia. La oferta más competitiva ha sido la del consorcio formado por Acciona, Azvi y las cajas andaluzas de Granada, San Fernando y El Monte. En términos de tarifa media, la oferta del consorcio en el que participan OHL, Aldesa, Isolux Corsán y Comsa es la más ajustada. En concreto, 0,0534 euros por kilómetro. La más elevada alcanza los 0,075 euros. Para vehículos pesados, sin embargo, el peaje más bajo lo ha ofrecido el consorcio liderado por Sacyr (Itinere y Gea 21), hasta 0,0578 euros por kilómetro.

En el cuadro se pueden observar las características principales de cada una de las ofertas:

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La Ley de Estabilidad Presupuestaria ha vuelto a cambiar para garantizar un mayor control del Gobierno sobre el gasto de las comunidades autónomas. La posibilidad de incurrir en déficit de las autonomías dependerá no sólo del crecimiento de las comunidades, sino también de que un informe del Ministerio de Economía constate que el ciclo económico se ralentiza.

La versión definitiva del articulado de la norma –que entrará en vigor en 2007– no hará depender únicamente del crecimiento de la economía la posibilidad de que las comunidades incurran en déficit. El proyecto inicial establecía una serie de horquillas que determinaban las exigencias de control del déficit en las CCAA.

Así, si el PIB nacional crecía más de un 3%, todos los territorios debían lograr superávit. Si avanzaba entre un 2% y un 3%, las haciendas territoriales debían cerrar en equilibrio presupuestario. Y si el PIB avanzaba a un ritmo menor del 2%, las comunidades y ayuntamientos contaban con permiso para incurrir en déficit.

La redacción definitiva elimina esta horquilla de flexibilidad presupuestaria para introducir un nuevo elemento de control del Gobierno. De esta manera, el Ministerio de Economía hará una previsión trianual del crecimiento esperado para la economía nacional. Y completará este informe con un segundo documento en el que analizará la evolución del ciclo económico en el que se encuentre España, es decir, si la tendencia, al margen del dato de PIB en sí, es de crecimiento sostenido o, por el contrario, de ralentización.

Este estudio se hará previa consulta al Instituto Nacional de Estadística y al Banco de España sobre la posición cíclica y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y la Comisión Europea, pero el autor final será el propio Ministerio de Economía.

A partir de aquí, se permitirá cerrar los años con déficit si la tendencia de ralentización del ciclo es inferior al dato previsto por el Gobierno. Y se exigirá superávit si, por el contrario, la tendencia cíclica es mayor que la previsión de crecimiento. En cualquier caso, el Gobierno –a través de la elaboración de las primeras previsiones, y del estudio del momento del ciclo económico– será quien plasme en estos documentos si las comunidades deben soportar un mayor rigor o no en el control de su gasto.

Este mecanismo se adelantará, además, a la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación autonómico derivado del acuerdo entre el PSOE y CiU y por el que las comunidades con mayor capacidad de dinamizar su crecimiento tendrán más ingresos.

Desde los organismos internacionales se advierte de que las autonomías están escondiendo en sus empresas la creciente deuda que acumulan, y que luego se traslada al déficit, de ahí que la nueva ley de Estabilidad también redoble esfuerzos para incrementar la transparencia de los Gobiernos regionales.
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El próximo 22 y 23 de marzo tendrá lugar en Barcelona una conferencia, organizada por Recoletos Conferencias y Formación, sobre Fórmulas de Financiación, Construcción y Explotación de Infraestructuras Sanitarias en Catalunya.

Ver programa Completo

La apertura será realizada por la Consejera de Sanidad Sra. Marina Geli i Fábrega y como ponentes, entre otros, asistirán:

- Josep Mª Ayala i Vargas, Consejero Delegado de ICF Equipaments
- Pilar de Torres, Presidenta de Gisa
- Raimon Belenes Juárez, Director Gerente Instituto Catalá de Salut
- Tomás J.García Barquín, Director Expansión ACSA, AGBAR
- Alberto Díaz del Rio, Consejero Delegado ProPública
- Joan Amigó, Consejero Delegado Grupo Pere Mata
- Daniel Ripley, Socio de Uría y Menéndez
- Ignacio Riesgo, Director de Sanidad de PriceWaterhouseCoopers
- Jeffrey Sujar Blanco, Inypsa

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El Banco Europeo de Inversiones (BEI) está en la actualidad estudiando la financiación de 7 proyectos PPP españoles: cinco proyectos de transporte y 2 proyectos de hospitales.

- Autovía Reus - Alcover: Generalitat de Catalunya: Coste 60M€, de los que el BEI financiaría 30M€.
- Autovías Renovacíon (A1, A2, A3 y A4): Reino de España, con un coste estimado de 2.000M€, el BEI financiaría hasta el 50% de cada concesión.
- Autopista Santiago - Brion: Comunidad Autónoma de Galicia: Coste de 120M€, el BEI financiariá 60M€.
- Autopista de circuvalación de Alicante: Ministerio de Fomento, Coste de 424M€, el BEI financiaría 125M€.
- Hospital de Burgos: Comunidad Autónoma de Castilla y León: Coste de 250M€, el BEI financiaría 125M€.
- Hospital de Majadahonda, Comunidad Autónoma de Madrid: Coste de 300M€, de los que el BEI financiaría el 50%.
- Autopista Eje Barajas, Ministerio de Fomento: Coste de 330M€, de los que BEI financiaría 165M€.

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