La versión definitiva del articulado de la norma –que entrará en vigor en 2007– no hará depender únicamente del crecimiento de la economía la posibilidad de que las comunidades incurran en déficit. El proyecto inicial establecía una serie de horquillas que determinaban las exigencias de control del déficit en las CCAA.

Así, si el PIB nacional crecía más de un 3%, todos los territorios debían lograr superávit. Si avanzaba entre un 2% y un 3%, las haciendas territoriales debían cerrar en equilibrio presupuestario. Y si el PIB avanzaba a un ritmo menor del 2%, las comunidades y ayuntamientos contaban con permiso para incurrir en déficit.

La redacción definitiva elimina esta horquilla de flexibilidad presupuestaria para introducir un nuevo elemento de control del Gobierno. De esta manera, el Ministerio de Economía hará una previsión trianual del crecimiento esperado para la economía nacional. Y completará este informe con un segundo documento en el que analizará la evolución del ciclo económico en el que se encuentre España, es decir, si la tendencia, al margen del dato de PIB en sí, es de crecimiento sostenido o, por el contrario, de ralentización.

Este estudio se hará previa consulta al Instituto Nacional de Estadística y al Banco de España sobre la posición cíclica y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y la Comisión Europea, pero el autor final será el propio Ministerio de Economía.

A partir de aquí, se permitirá cerrar los años con déficit si la tendencia de ralentización del ciclo es inferior al dato previsto por el Gobierno. Y se exigirá superávit si, por el contrario, la tendencia cíclica es mayor que la previsión de crecimiento. En cualquier caso, el Gobierno –a través de la elaboración de las primeras previsiones, y del estudio del momento del ciclo económico– será quien plasme en estos documentos si las comunidades deben soportar un mayor rigor o no en el control de su gasto.

Este mecanismo se adelantará, además, a la entrada en vigor del nuevo modelo de financiación autonómico derivado del acuerdo entre el PSOE y CiU y por el que las comunidades con mayor capacidad de dinamizar su crecimiento tendrán más ingresos.

Desde los organismos internacionales se advierte de que las autonomías están escondiendo en sus empresas la creciente deuda que acumulan, y que luego se traslada al déficit, de ahí que la nueva ley de Estabilidad también redoble esfuerzos para incrementar la transparencia de los Gobiernos regionales.
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