En su comunicación, la Comisión señala que “la modernización de los servicios sociales es uno de los desafíos europeos más importantes”, a la vez que reconoce que son los Estados miembros quienes definen lo que son servicios de interés general y en particular servicios sociales de interés general.

Sin embargo, para facilitar su modernización la Comisión estima que debe introducirse una evaluación comparativa entre los distintos métodos en vigor en los Estados miembros, el control de calidad y la implicación de los utilizadores en la gestión de esos servicios.

La Comisión propone “la externalización de tareas del sector público hacia el sector privado, de manera que las autoridades públicas se transformen en reguladores, guardianes de una competencia regulada y de una buena organización a escala nacional, local o regional de una misión social de interés general”. Además estima que debe desarrollarse “el partenariado publico-privado y el uso de otras formas de financiación, complementarias a la financiación pública”.

Los efectos más importantes sobre el empleo se harán sentir en los países del Sur de la UE, donde solo el 3%-4% de la población en edad de trabajar tiene un empleo en este sector, lejos de las tasas de los países nórdicos y de Holanda por ejemplo donde la ocupación ronda y supera incluso el 10%. Según la Comisión Europea entre 1998 y 2003, este sector ha creado 1,9% del empleo, por encima de la tasa media que ha sido del 1,3%. En 2003 este sector ocupaba 10% de la población activa.

Según la Comisión numerosas iniciativas y acciones comunitarias, políticas y financieras, apoyan el desarrollo y la modernización de los servicios sociales. Además, como consecuencia del proceso de apertura o de diversificación iniciada por los Estados miembros, una parte creciente de los servicios sociales en la UE, hasta ahora gestionados directamente por las autoridades públicas, se incluyen ahora bajo las reglas comunitarias que regulan el mercado interior y la política de la competencia. Puesto que los servicios sociales son o serán económicos, deben estar organizados de manera compatible con las reglas de la competencia y del mercado interior.

Al mismo tiempo la Comisión reconoce que los Estados miembros tienen la libertad para definir las misiones de interés general y establecer los principios de organización para esos servicios. Pero esta libertad, “debe ejercerse en la transparencia y sin abusar de la noción de interés general, por lo que los Estados miembros deben respetar el principio de no discriminación y el derecho comunitario de los contratos o licitaciones públicas”.

En su comunicación la Comisión hace referencia a algunas situaciones concretas a las que tienen que hacer frente actualmente los servicios sociales, como la delegación de algunos servicios a un prestatario externo, o la concesión de una compensación financiera pública en contrapartida de una misión social, y la regulación de un mercado para garantizar los objetivos sociales.