El Gobierno negociará con cada comunidad autónoma el nivel de atención suplementaria que cada administración regional quiera tener en la protección de las personas que necesitan la ayuda de terceros para desarrollar su vida normal. De esta negociación dependerá la financiación de esta cobertura en cada región, en la que el Gobierno aportará el 50% del gasto como máximo.

Ésta es una de las consecuencias principales de la futura Ley de Dependencia, que ratifica los tres niveles de protección, y de gasto, que tendrá la cobertura de esta prestación.

Habrá un nivel básico para todos los españoles que lo necesiten cuya financiación correrá a cargo del Gobierno central. A partir de aquí, y dentro de sus competencias, las comunidades autónomas podrán establecer nuevas prestaciones, teniendo en cuenta que tendrán que aportar el 50% del gasto que generen.

El futuro Sistema Nacional de Dependencia desarrollará, con la participación del sector privado, mayores niveles de teleasistencia, centros de día y ayudas a domicilio, entre otros. Por ello, las previsiones de Trabajo calculan que el nuevo pilar del Estado del Bienestar habrá creado 300.000 empleos para 2015.

Respecto a la financiación, el Gobierno ya se ha comprometido a aportar al sistema 12.630 millones de euros en el periodo comprendido entre 2007 y 2015, a lo que habrá que sumar las aportaciones de las comunidades autónomas y de los usuarios. La norma establece que los beneficiarios contribuirán a financiar la cobertura en función de su poder adquisitivo.

Ante el crecimiento de los servicios sociales, la Comisión Europea propondrá a los diferentes gobiernos el traslado de tareas desde el sector público al sector privado. El Ejecutivo comunitario estima que bajo la tutela pública de la protección, “la modernización de los servicios sociales y el ajuste del gasto también se puede hacer con otras formas de financiación complementaria a la financiación pública”.

El acuerdo firmado ayer recoge la posibilidad de un tercer nivel de gasto, si hay acuerdo entre las administraciones autonómicas y los ayuntamientos. El Gobierno calcula que actualmente hay 1.125.190 ciudadanos como potenciales beneficiarios de la protección de dependencia. La cifra subirá a 1.246.429 personas en 2010, y a 1.496.226, en 2020.

El Sistema Nacional de Dependencia arrancará en 2007, otorgando una prestación, fundamentalmente de servicios, a 200.000 personas que tienen un grado de dependencia más severa. Iniciar con ellos el sistema costará sólo en el próximo ejercicio 1.600 millones de euros.