Francisco Camps, Presidente de la Generalitat Valenciana, ha acometido la segunda remodelación de su gobierno en la presente legislatura, en la que Rafael Blasco sustituye a Vicente Rambla como cabeza de la Conselleria de Sanitat de dicho gobierno regional.

Algunos datos sobre el nuevo Consejero de Sanidad:

- Nacido en Alzira, el 9 de febrero de 1945.
- Doctor en Derecho por la Universidad de Valencia.
- Interventor de Fondos de la Administración Local.
- Depositario de Fondos de la Administración Local.
- De 1983 a1985 fue conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Secretario y Portavoz del Consell.
- De 1985 a 1989 fue conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana.
- En 1995 fue coordinador del Programa de Administraciones Públicas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y asesor ejecutivo del Presidente de la Generalitat Valenciana.
- En 1996 fue nombrado director del Gabinete de Planificación, Estudios y Evaluación de la Conselleria de Presidencia y, posteriormente, Subsecretario de Planificación y Relaciones Externas de la Conselleria.
- El 22 de julio de 1999 es nombrado conseller de Empleo.
- El 22 de mayo de 2000 es nombrado conseller de Bienestar Social.

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La National Audit Office (NAO), organismo gubernamental británico, ha presentado su informe "A Framework for evaluating the implementation of Private Finance Initiative Project": una guía para evaluar si un proyecto PFI ha sido correctamente planificado e implementado. Se trata de analizar si se obtiene "value for money" comparándolo con otras figuras de contratación.

Ver Informe Completo

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Sólo el Reino Unido utilizó más que España las fórmulas de financiación público-privadas para realizar infraestructuras en los últimos cinco años. Los británicos aglutinan el 57% de los proyectos licitados de este modo en toda la Unión Europea (UE) entre 2000 y 2005, frente al 10% de España, según un estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC).

En 2003 se adjudicaron 47 proyectos con fórmulas que ligan la inversión privada en infraestructuras a su gestión y a los resultados del servicio prestado por un total de 5.685 millones de euros. Las elecciones generales de 2004 supusieron un parón en las licitaciones, de modo que sólo hubo 29 proyectos por 1.678 millones, y el pasado año se alcanzaron 107 contratos por 6.936 millones.

Las comunidades autónomas han utilizado con profusión estos métodos, de modo que en 2005 el 62,5% del total adjudicado correspondió a esas administraciones. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del Ministerio de Fomento contempla que el 20% del coste total (250.000 millones de euros hasta 2020) provenga de la financiación privada.

Uno de los principales escollos que se pueden encontrar los contratistas en este método es que el proceso suele ser más largo y complejo. En el Reino Unido, único país en el que la colaboración público-privada está asentada en un gran número de sectores, algunos proyectos han fracasado por los enormes gastos en que han incurrido las empresas en ese periodo.

Descenso de la licitación

Por otra parte, el Ministerio de Fomento licitó obras por un importe total de 2.285,04 millones de euros durante los cuatro primeros meses de 2006, lo que supone un descenso del 11,56% respecto a igual periodo de 2005, según datos de Seopan.

Sólo Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y la Dirección General de Ferrocarriles, ambos dependientes del Ministerio de Fomento, elevaron el importe de las obras puestas en marcha hasta abril. En concreto, el ente público gestor de la red de aeródromos sacó a concurso obras por 503,96 millones, un 79,3% más. La Dirección de Ferrocarriles licitó obra por 452,07 millones, importe que multiplica por más de cinco al del pasado año.

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La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha adjudicado el concurso para la contratación de la redacción del proyecto básico para las obras de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario de Salamanca (Hospital Clínico, Hospital Materno Infantil, Hospital "Virgen de la Vega" y Edificio de Consultas). El plazo para la redactar este proyecto básico será de seis meses, a contar tras la correspondiente firma del contrato de adjudicación.

El nuevo Complejo asistencial salmantino dispondrá de 912 camas, de las que más del 60% serán de uso individual. Se prevé que esta infraestructura sanitaria disponga de 27 quirófanos, 77 salas en Urgencias, 84 puestos en el Hospital de Día y 51 en Reanimación, 175 Consultas externas con 35 espacios específicos de apoyo y 76 Gabinetes de exploración funcional, repartidos en casi 138.000 m2 construidos.

El presupuesto que destina la Gerencia Regional de Salud a esta adjudicación es 883.839,82 euros y el plazo de redacción de este proyecto es de seis meses, a contar desde la fecha de formalización del contrato tras la adjudicación y firma del correspondiente contrato.

En concreto, el expediente que se adjudica se refiere a la redacción del estudio de detalle, la redacción del proyecto básico, el estudio topográfico, el estudio geotécnico, el estudio constructivo y estructural de los edificios a mantener y el estudio de impacto visual.

La ampliación y reforma del Complejo hospitalario de Salamanca se hará por fases, con 99.840 m2 destinados a ampliación de edificios y 27.207 m2 para reforma de los ya existentes; 54.643 m2 para aparcamientos; y 27.104 m2 de urbanización del entorno.

912 CAMAS HOSPITALARIAS

El nuevo Complejo hospitalario de Salamanca dispondrá de una superficie construida de 137.741 m2, en los que se distribuirán 912 camas, de las que más del 60% serán de uso individual. Esta dotación de camas hospitalarias aparece repartida de la siguiente forma: Área médico-quirúrgica, 717 camas (378 Área médica y 339 quirúrgica, repartidas en 21 unidades, once médicas y diez quirúrgicas, con 34 habitaciones cada una); Área materno-infantil, 104 (Cirugía infantil, 10 - Neonatología, 20 - Obstetricia, 40 - Pediatría, 30 - Traumatología infantil, 4); Psiquiatría, 21; y Unidad de Cuidados Intensivos, 70 (UCI Cardiaca, 8 - UCI con Diálisis, 4 - UCI Coronaria, 14 - UCI General, 20 - UCI Neonatología, 10 - UCI Pediátrica, 6 - Unidad de trasplantes, 8).

El Hospital de Día del Complejo asistencial salmantino contará con 84 puestos que se estructuran en 33 de carácter médico, 20 quirúrgico, seis pediátricos y 25 de Psiquiatría.

Las Urgencias del centro hospitalario contarán con 77 salas/puestos que se distribuyen en Área de adultos: con salas de resucitación cardio-pulmonar (2), boxes de exploración (29) y boxes de observación (32); Área de Obstetricia: con dos boxes de exploración; Área pediátrica: con una sala de resucitación cardio-pulmonar, dos boxes de exploración y cinco de observación; y Áreas de asistencia compartida: con dos salas de yesos y dos salas de curas.

El Bloque quirúrgico del Complejo hospitalario de Salamanca contará con 27 quirófanos (dieciocho de Cirugía programada, cinco de Ambulatoria y cuatro de Urgencias), mientras que el Bloque obstétrico aparece dotado con ochos salas (cinco paritorios/puestos de dilatación, un paritorio de alto riesgo, otra sala de exploración post-parto y una más de exploración-reanimación de neonatos).

Por último, el Área de Reanimación tendrá 51 puestos, repartidos entre 35 de Reanimación (Cuidados quirúrgicos críticos, 10; Unidad de Reanimación post-anestésica de adultos, 20; y Unidad de Reanimación post-anestésica de niños, 5) y 16 puestos de Reanimación de Cirugía mayor ambulatoria.

Además, esta infraestructura sanitaria contará con 175 consultorios dedicados a Consultas externas y otros 35 espacios específicos de apoyo (salas de curas, Enfermería, etc.), a los que hay que añadir 76 Gabinetes de exploraciones funcionales.

ADECUADA ACCESIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD

Las obras a acometer que serán objeto de este proyecto básico pretenden conseguir en el lugar y en el edificio la adecuada accesibilidad y funcionalidad, así como las condiciones necesarias que permitan el desarrollo de la actividad sanitaria prevista, conforme a las necesidades y previsiones hospitalarias.

En la primera fase se van a acometer los accesos provisionales al Hospital Clínico mediante un vial que permita mantener la actividad hospitalaria, así como la ejecución de un bloque de instalaciones generales, ubicado en la parcela triangular donde se sitúa el edificio de la antigua depuradora.

La segunda fase de las obras permitirá contar con un nuevo edificio en forma de "L" que no interferirá en la actividad diaria del hospital y que contendrá:

- Más de 45.000 m2 en dos plantas de aparcamiento y sus accesos (unas 1.800 plazas)

- Una plaza pública para acceso al Complejo y accesos subterráneos para Urgencias bajo el Paseo de San Vicente

- Este edificio incluirá 17.000 m2 en los que se van a ubicar las nuevas Urgencias, Laboratorios, Rayos, UCI, Reanimación post-quirúrgica y Quirófanos, con frente al paseo de San Vicente

- Además tendrá 40.000 m2 de hospitalización orientados al Sur.

Con esta actuación se pretende mejorar la accesibilidad al Complejo hospitalario, la funcionalidad de los edificios y obtener la máxima flexibilidad de las instalaciones para su adecuación a nuevos sistemas organizativos y de evolución tecnológica.

En la tercera fase se prevé acometer una serie de actuaciones centradas en la reforma de los edificios ya existentes, como:

- Unos 35.000 m2 destinados aservicios centrales y vestíbulo principal desde la avenida (posición del actual aljibe)

- 7.840 m2 en un nuevo edificio para consultas externas.

- Puente de unión con el Materno y el "Virgen de la Vega".

- Reforma de los edificios del Materno y "Virgen de la Vega", para ubicar nuevos servicios como Hospital de Día, Rehabilitación, Diálisis y Medicina Nuclear.

- Demolición completa de edificios anexos al Materno y al "Virgen Vega" para construir un nuevo aparcamiento y espacio libre público.

El pasado 1 de septiembre de 2004 se suscribió un convenio de colaboración entre la Gerencia Regional de Salud y el Ayuntamiento de Salamanca, como paso previo y necesario para redactar el Plan Director y desarrollar esta actuación de ampliación y reforma del Complejo hospitalario salmantino, en el que se contempla la previsión de los nuevos accesos y la ampliación de los edificios de acuerdo con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca, pendiente de su aprobación definitiva.

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Un consorcio liderado por Eiffage es el favorito para hacerse con el mayor proyecto (250M€ a 300M€) PPP hospitalario en Francia: Ile de France Hospital PPP (CHSF), cerca de París; una vez que Vinci/ Dexia/ SG ha dejado la carrera. Ahora, es cosas de dos: Eiffage y Bouygues.

Eiffage es el sexto grupo europeo en construcción y concesiones europeo, con más de 48.000 empleados y unas ventas aproximadas de 7.000M €.

Sus cinco principales actividades son: construcción (Eiffage Construction), concesiones (Eiffage Concessions), construcción de carreteras (Appia), contratación eléctrica (Forclum), y construcciones metálicas(Eiffel). El Grupo ha adpotado la estrategia de juntar las actividades de construcción y operación de concesiones, como en el Viaducto Millau Viaduct, la autopista norte de Portugal y el TGV Perpignan-Figueras . También es conocido por realizar proyectos de gran escala como la línea ferroviaria de alta velocidad en Bélgica, el aeropuerto de Basle-Mulhouse y la construcción de de centrales electricas de EDF en China, Egipto y Vietnam.

El principal accionista de Eiffage es la constructora española Sacyr.

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Joan Manuel del Pozo es el nuevo conseller de Educació i Universitats de la Generalitat de Catyalunya. Nacido en La Roda de Andalucía - Sevilla el 13 de noviembre de 1948. Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Es profesor titular de Filosofía de la Universidad de Girona y ha sido vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Girona (2000-2002). Desde 1995, es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Girona.

Ha sido concejal de Participación, Información y Relaciones Ciudadanas (1995-1999), de Educación (1999-2003), y de Presidencia y Educación (2003-2006). Es portavoz del Grupo de Diputados Socialistas en la Diputación de Girona desde el año 2003 y miembro del Consejo Escolar de Cataluña y presidente de la Comisión de Programación del citado Consejo desde el año 2005.

Durante los años 2004 y 2005 fue coordinador del Pacto Nacional para la Educación, en el ámbito de corresponsabilidad de los ayuntamientos con la educación. Joan Manuel del Pozo ha sido también diputado al Congreso por Girona (PSC) en las legislaturas II, III, IV i V entre 1982-1996. Como diputado fue portavoz de la Comisión Mixta Congreso- Senado de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

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La constructora Corsán-Corviám, del Grupo Isolux Corsán, es la empresa adjudicataria del concurso para la adjudicación del contrato de constitución o cesión temporal de dos derechos de superficie para la construcción y conservación de dos edificios, y la explotación de los mismos mediante su arrendamiento a la Generalitat de Catalunya, que los destinará a las sedes de las Comisarías de los Mossos d'Esquadra de del Eixample - Barcelona (Plaça Espanya) y Reus.

El presupuesto base era de 21.417.997,79€, mientras que la oferta de la empresa ganadora ascendió a 26.235.668,24 €.

La oferta de Corsán-Corviam se ha impuesto a las de otras nueve empresas; Sacyr, OHL, FCC, Ferrovial, EMTE & ACSA, COMSA, Dragados, San José y Copcisa.

Resumen de todas las ofertas económicas del concurso

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Medio Ambiente ha acelerado el proceso de licitación de plantas desaladoras. Las compañías encargadas de la explotación recibirán una tasa fija y otra por producción de agua de 4,5 céntimos de euro por metro cúbico.

El Gobierno ha definido el plan económico-financiero que regirá la licitación de las plantas desaladoras que están en fase de construcción o estudio a lo largo de todo el litoral mediterráneo. La estrategia ha quedado definida en las tres últimas licitaciones: las desaladoras de Aguilas/Guadalentin (Murcia), Torrevieja (Alicante) y Bajo Almanzora (Almería), cuyo presupuesto de obra oscila entre los 600 millones y los casi 900 millones de euros en función de la solución definitiva que se adopte. Además, la Administración pagará un canon fijo y variable mensual a la empresa encargada de explotar y mantener cada instalación.

La financiación de las tres plantas corre a cargo íntegramente de Acuamed, la sociedad pública dependiente de Medio Ambiente. Los recursos procederán del propio presupuesto de la empresa y de las ayudas aprobadas por la Unión Europea a través de los fondos Feder. El sector privado, a diferencia de otro tipo de infraestructuras como las autopistas de peaje, no participará en la financiación, pero sí tendrá un papel relevante en el funcionamiento de las plantas.

Otra parte de los recursos de Acuamed para sufragar estos gastos serán los ingresos que obtenga de los usuarios finales del agua desalada, principalmente regantes y núcleos urbanos. El precio que se baraja ronda los 30 céntimos de euros, una tarifa todavía no consensuada con los agricultores de las zonas afectadas por el plan.

Además de la construcción, las empresas adjudicatarias tienen el encargo de la explotación y el mantenimiento de cada instalación durante un plazo de 15 años. Acuamed se ha comprometido a pagar al operador un canon fijo, determinado por el buen estado y funcionamiento de cada planta, y uno variable por agua producida, que asciende a 4,5 céntimos de euro por metro cúbico. En las tres últimas licitaciones, el canon fijo oscila entre los 100.000 euros y los 160.000 euros al mes, en función del tamaño de cada instalación.

Las empresas que concursen no podrán competir en esta parte del pliego de condiciones. La razón es que la Administración quiere garantizar el suministro del agua. Si permitiese realizar bajas en la tarifa que cobra el operador, podrían surgir riesgos en el caso de que la empresa adjudicataria hubiese calculado mal el índice de rentabilidad por la explotación y el mantenimiento de la desaladora.

Acuamed también asumirá la partida energética, la más elevada de una infraestructura de estas características, ya que representa del orden de dos tercios de los costes fijos.

Competidores
Las seis constructoras españolas que cotizan en bolsa (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHL) tienen una filial especializada en desalación.

El grupo Abengoa, a través de Befesa, también participará en los concursos, al igual que Degremont, filial de Suez. Además de competidores extranjeros como, por ejemplo la multinacional francesa Veolia o General Eléctric, en el sector no se descarta la presentación de ofertas de grupo regionales. En los últimos tiempos también se ha especulado con el desembarco de compañías israelíes.

Si se cumplen los plazos, el próximo 26 de junio se abre el plazo para la presentación de ofertas por las tres desaladoras licitadas. Medio Ambiente tiene previsto licitar otra decena de desaladoras en los próximos meses.

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El tirón de la obra pública en España no ha pasado desapercibido para bancos y cajas, que ven oportunidades de inversión en la apuesta de las comunidades autónomas y el Ministerio de Fomento por la promoción de proyectos con financiación privada. En total, los fondos en marcha suman una dotación de más de 600 millones de euros, aunque cuentan con capacidad para financiar proyectos por más de 3.100 millones recurriendo al apalancamiento financiero.

Sabadell, Ahorro Corporación (el grupo financiero controlado por las cajas de ahorros) y ProPública (iniciativa conjunta del banco de inversión español GB y la gestora de fondos PPP británica Mill Group) se han decidido a tomar posiciones en este mercado con el lanzamiento de varios fondos de inversión en infraestructuras con 150 millones de euros de dotación cada uno de ellos. Estos nuevos productos se suman al primero, lanzado hace más de un año por el Santander, con una aportación inicial de 180 millones.

El denominador común de estos productos es que están orientados fundamentalmente a inversores institucionales, como cajas de ahorros y fondos de pensiones, y enfocados al medio plazo, con un objetivo de rentabilidad media del 10%.

Algunas entidades, como GB y Mill, se han acogido a la ley de capital riesgo para constituirse como gestora, aprovechando los cambios introducidos con el nuevo régimen, que amplía el abanico de inversiones permitidas y mantiene las exenciones fiscales por plusvalías. El tipo de inversión preferente son los proyectos de colaboración público-privada (llamados public private partnership en Reino Unido).

Esta fórmula, por la que las empresas adelantan la financiación y comparten el riesgo de los proyectos con la Administración a cambio de un canon anual, permite a los Gobiernos zafarse del estrecho corsé presupuestario de Bruselas, al no tener que consolidar en sus cuentas el coste de las infraestructuras.

La incorporación de este modelo en la nueva ley de contratación del sector público ha sido un espaldarazo para estos productos. De hecho, el Ministerio de Fomento ha dado instrucciones claras para incrementar el uso de esta fórmula en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transportes.

Hasta ahora han sido las comunidades, como Madrid, Comunidad valenciana e Islas Baleares las pioneras en construir hospitales con financiación y gestión privada. De hecho, algunos de estos complejos cuentan con participación de entidades financieras, como Santander, presente en el consorcio adjudicatario del nuevo hospital de Burgos.

“Este esquema se está extendiendo a todo tipo de infraestructuras sociales, desde juzgados a cuarteles, pasando por escuelas”, explica Francisco Gómez, presidente de ProPública. A su juicio, en dos o tres años habrá “ocho o nueve fondos similares al nuestro”, como ocurre en el mercado británico, “donde estos productos tienen entre sus inversores a los grandes bancos internacionales, y mueven miles de millones de euros”, añade.

Precisamente en Reino Unido existe un mercado secundario de compra-venta de concesiones entre este tipo de entidades para combatir el handicap del elevado margen temporal que acarrea cada concesión. En virtud de éste, los fondos se intercambian los proyectos, una vez han extraído la rentabilidad buscada. Incluso el Gobierno británico ha creado un organismo que se encarga de gestionar las propuestas del sector privado.

Aliados de las constructoras

La estrategia de los fondos pasa por aliarse con contratistas del sector, especialmente las constructoras medianas, a las que aportan asesoramiento y apoyo financiero. “Creemos que les podemos aportar mucho como socios minoritarios”, explica Juan José Clavería, director de inversiones de Ahorro Corporación Infraestructuras, fondo que también invierte en energías renovables y acaba de sellar su primera inversión en una planta de biodiésel en Toledo.

“Tenemos previsto presentarnos a 30 concursos antes de que termine el año”, explica Clavería, que reconoce las dificultades del mercado de infraestructuras por la “enorme liquidez” de las constructoras, lo que provoca una enorme competencia por los concursos. Entre los más esperados está la renovación de 1.450 kilómetros de las autovías más antiguas del país y el plan nacional de construcción de desaladoras. Ahorro Corporación prevé invertir su fondo en un plazo de cuatro años, con un plazo de desinversión de sus participaciones de entre ocho y diez, una vez hayan madurado las concesiones.

Obras públicas con dinero privado

- Estos productos están orientados a inversores institucionales, como cajas de ahorros y fondos de pensiones, y enfocados al medio plazo con un objetivo de rentabilidad media del 10%.

- Los fondos buscan proyectos de colaboración público-privados, en los que el sector privado adelanta el dinero a cambio de pagos anuales diferidos de la Administración.

- La financiación privada se extiende a infraestructuras sociales con un riesgo controlado e ingresos recurrentes.

- La Comunidad de Madrid y la valenciana han sido pioneras en construir y gestionar hospitales con este modelo.

Un mercado en crecimiento

El pionero, Santander Infraestructuras. Es el primer producto centrado en la promoción y financiación de infraestructuras en el mercado ibérico. Para gestionar este fondo, el banco creó hace más de un año Capital Santander, una nueva unidad de negocio que pertenece al área de Gestión de Activos del Grupo. El fondo tiene un patrimonio de 180 millones de euros.

Fondo SEIEF de Dexia y Banca Sabadell. El Banco Sabadell participa como esponsor en el Fondo SEIEF, promovido por Dexia y el Banco Europeo de Inversiones. Con un capital de 150 millones de euros, SEIEF invierte en proyectos de Europa del Sur. Entre sus preferidos están los hospitales, carreteras y edificios públicos con un coste de entre 80 y 350 millones, incluida deuda.

ProPública, creado por el banco de inversión español GB y la gestora británica de fondos de infraestructuras Mill Group, está dotado con 150 millones de euros y busca proyectos de infraestructura social PPP en España (escuelas, hospitales, juzgados, comisarías, centros sociosanitarios, bibliotecas, etc...) en el ámbito autonómico y municipal de entre 20 y 50 millones.

Ahorro Corporación mira a la Zona Euro. El fondo de infraestructuras de Ahorro Corporación ha sido constituido con un patrimonio de 150 millones de euros aportado por 30 de estas cajas. Invertirá en proyectos de todo tipo, desde infraestructuras de transporte hasta servicios de gestión de agua. Su ámbito territorial se extiende a la UE.

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La región de Renania del Norte-Westfalia y el gobierno alemán han apostado por la colaboración público-privada para la construcción, finanaciación y explotación de infraestructuras públicas y el sector educativo está acaparando las primeras iniciativas. Varios proyectos piloto se encuentran en distintas fases de desarrollo en las ciudades de Monheim, Frechen, Witten, Meschede y Leverkusen, donde se están construyendo, renovando o rehabilitando edificios escolares de todo tipo. En Monheim, Rhein-Erft y Witten ya ha concluído el proceso de licitación y los proyectos son una realidad.

Basándose en la experiencia del grupo de trabajo creado en el Reino Unido por HM Treasury, el Ministerio de Finanzas de Renania del Norte-Westfalia, en colaboración con el gobierno alemán y el sector privado, ha creado un grupo de trabajo (task force) que asesora a los municipios que están llevando a cabo los proyectos piloto y se está creando el marco para el intercambio de conocimiento en esta materia. Los municipios que han demostrado mayor interés se encuentran en la horquilla entre 40.000 y 100.000 habitantes.

Los cinco municipios piloto han contado con una importe ayuda financiera para los altos costes asociados a estos pioneros proyectos PPP, cuyo modelo, experiencia y conocimiento se pretende exportar sin cambios significativos a otros municipios alemanes. Se prevé que el volumen de inversión mínimo de los proyectos está en el entorno de los 10-15 millones de €.

Licitaciones recientes

Renania del Norte-Westfalia acaba de publicar el concurso para el diseño, financiación, construcción-renovación y mantenimiento de 3 escuelas ya existentes en Düren. Por otro lado, en breve se espera la licitación (todavía no se sabe si juntos o por separado) de 3 colegios en Jülich, Selgersdorf y Düren.

Por otro lado, el consorcio Müller-Altvatter/Kind Gebäudemanagement GmbH ha sido designado como preferred bidder en el concurso para el diseño, construcción, financiación y gestión de la nueva escuela secundaria y centro deportivo en Schwarzenbek, Schleswig-Holstein. Este proyecto PPP de 20 millones de € de inversión estará operativo en 2008, mientras que la concesión tiene una duración de 25 años.

Enlace a la web sobre proyectos PPP educativos en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia

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GISA ha anunciado la licitación de derechos de superficie para la construcción y conservación de dos edificios judiciales, así como la explotación de los mismos mediante su arrendamiento a la Generalitat de Catalunya, que los destinará a las sedes de los juzgados de Terrassa y de La Bisbal de Empordà.

El presupuesto base del contrato asciende a 26.501.598,54€, el canon de arrendamiento máximo durante el primer año será de 3.725.000 euros, IVA incluido, para el Edificio Judicial de Terrassa y de 1.790.000 euros, IVA incluido, para el Edificio Judicial de La Bisbal de Empordà. La fecha límite para la entrega de ofertas es el 19/06/2006 a las 13:00 y la apertura de plicas se realizará el 29/06/2006 a las 09:45.

Los plazos de ejecución son los siguientes:

- Edificio Judicial de Terrassa : 22 meses y un máximo de 27 años de duración de los Derechos de Superfície en las condiciones previstas en el Pliego de Bases.

- Edificio Judicial de La Bisbal de Empordà : 15 meses para la ejecución de las obras y un máximo de 27 años de duración de los Derechos de Superfície en las condiciones previstas en el Pliego de Bases.

Enlace a la página con más información y todos los documentos de la licitación

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El estudio "Desigualdades tras la educación obligatoria: nuevas evidencias" realizado por Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, concluye que el porcentaje de alumnos que abandonan los estudios al acabar la educación obligatoria en España es de los más altos de Europa. De este estudio se deduce también que el problema del abandono escolar en España es principalmente un problema masculino que afecta sobre todo a los grupos con menor renta.

Este estudio recomienda el desarrollo de programas de intervención educativa muy temprana, entre los cero y los tres años, para reducir las desigualdades de origen social y familiar de los alumnos y el abandono escolar temprano y asegura que la reducción del fracaso escolar en la ESO contribuiría sustancialmente a mejorar las probabilidades de continuidad en el sistema educativo de los grupos sociales que no suelen continuar en la enseñanza postobligatoria.

Es significativa la mala situación de España respecto a la UE, que se encuentra a la cola con una media del 62,5% de población con estudios secundarios superiores. De hecho, sólo Portugal y Malta tienen un abandono escolar superior al de España en alumnos mayores de 16 años.

El informe destaca que la media de abandono masculino en España es quince puntos superior al de mujeres. Por clases sociales, es mayor la proporción de hijos que estudian después de la enseñanza obligatoria si sus padres son profesionales (85,3%) que trabajadores manuales no cualificados (27,5%).

En cuanto a las posibles soluciones que aporta el estudio destacan dar más énfasis a la Educación Infantil para eliminar las desigualdades desde la primera etapa educativa (de 0 a 6 años), actualizar el "obsoleto" sistema de becas (sobre todo en Secundaria) e introducir asignaturas "más prácticas y vocacionales y menos teóricas" en Bachillerato.

Enlace al estudio "Desigualdades tras la educación obligatoria: nuevas evidencias"

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