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Julio 31, 2006

COMSA y EMTE se adjudican dos juzgados en Cataluña

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GISA ha adjudicado a COMSA y EMTE el derecho de superficie para la construcción y conservación de dos edificios judiciales en Terrassa y La Bisbal de Empordà, así como la explotación de los mismos mediante su arrendamiento a la Generalitat de Catalunya.

El plazo de construcción será de 15 y 22 meses respectivamente, mientras que la duración de los Derechos de Superfície es de 27 años.

Un total de 15 empresas o consorcios habían presentado ofertas a la licitación de derechos de superficie:

- Acciona Infraestructuras, SA
- Aldesa Construcciones, SA
- Comsa, SA & Emte, SA
- Construccions Rubau, SA
- Constructora San José, SA & Tecnocontrol, SA
- Copcisa Industrial, SLU
- Copisa Constructora Pirenaica, SA & Agefred Servicio, SA
- Corporació AGE, SL
- Dragados,SA & CAT Desenvolupament de Concessions Catalanes, SL
- FCC Construcción, SA
- Ferrovial Agroman, SA
- Instalaciones Inabensa, SA
- Obrascón Huarte Lain, SA
- Sacyr, SAU & Valoriza Facilities, SAU
- Uicesa Obras Construcciones, SA

Enlace a las ofertas económicas del concurso

Julio 28, 2006

Deuda de CC.AA.: situación primer trimestre de 2006

La deuda de las CC.AA. alcanzaron en el primer trimestre de 2006 un 6% del PIB y la deuda de las empresas publicas de las CC.AA. un 0,8% del PIB.

El detalle por CC.AA. es como sigue:

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Deuda por comunidades Autónomas

Para cada Comunidad Autónoma incluye las unidades que se ocupan de la administración general de la Comunidad Autónoma, las universidades localizadas en su ámbito y aquellos organismos y empresas dependientes de la Comunidad Autónoma que se clasifican como Administraciones Públicas.

Deuda de las empresas públicas

Las unidades que se recogen aquí como Empresas Públicas son los principales organismos no administrativos, entes y empresas no clasificadas como Comunidades Autónomas.

Julio 25, 2006

Infraestructuras Públicas Sociales: Cuestión de Valor

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Newsletter Corporativo de Recoletos Conferencias

En los últimos treinta años, el sector público español ha hecho un enorme esfuerzo de inversión en la infraestructura pública. El secarral de servicios públicos que encontró la Transición se ha convertido en un campo cultivado que da sus frutos en crecimiento económico, cohesión social y equilibrio territorial. Sin embargo, tenemos carencias y necesidades sobrevenidas (inmigración, contaminación, envejecimiento, globalización, etc.). Estos retos obligan a dirigir el debate hacia aspectos menos cuantitativos: ya no va de ladrillos y asfalto, se trata de generación de valor al ciudadano. De poco sirve tener escuelas muy bonitas si el 30% de los chavales no acaba la
enseñanza obligatoria o una biblioteca en el centro de una población está vacía de lectores.

La Comisión Europea está impulsando la calidad de la inversión pública e incentiva el concurso del sector privado: quiere que aporte su experiencia y que asuma riesgos en el diseño, la construcción y la explotación de las infraestructuras. Es lo que se denomina Public Private Partnership (en su versión española, Colaboraciones Público Privadas).

En España ya tenemos una amplia experiencia en los PPP de transportes pero tenemos escasa tradición en los de naturaleza social (educación, sanidad, vivienda, justicia, etc.). Creemos que las CC. AA., apoyadas por la Administración Central, deben dar un paso decidido a los PPP sociales. Sus inconvenientes serán menores que los beneficios y España necesita todavía esfuerzo para converger con Europa; pero ahora con más software que hardware.

Los PPP sociales exigen del sector público un esfuerzo en la mejora de su proceso de planificación y contratación de infraestructuras, transitando de la ejecución directa al control del valor generado por el privado. Además, es necesario coordinar las distintas administraciones (estatal, autonómica, provincial y local), unificar criterios y aprovechar las experiencias acumuladas. Del sector privado se espera que cambie la manera de relacionarse con lo público, moviéndose del corto al largo plazo; del modelo cliente – proveedor al de socio. Tendrá que ser capaz
de estructurar ofertas que contengan soluciones completas para el sector público y pensar en su cliente final: el ciudadano.

D. Francisco Gómez
Presidente
PROPÚBLICA

AESTE: Asociación Estatal de Servicios Residenciales para la Tercera Edad

La Asociación Estatal de Servicios Residenciales para la Tercera Edad (AESTE) es una organización empresarial de carácter sectorial, que abarca todo el territorio del Estado Español, sin ánimo de lucro y que nace con vocación de coordinar, representar fomentar y defender los intereses empresariales y sociales comunes a los servicios y residencias para los mayores.

Sus socios son:

- Adavir
- Caser
- Gesmed
- Sanyres
- Valdeluz
- Amma Gerogestión
- Eulen
- Mapfre Quavitae
- Sar
- Care
- Eurosidencias
- Sanitas Residencial
- Sergesa

Debate en el Congreso Ley de Dependencia

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El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, D. Jesús Caldera, compareció ante el Congreso de ls Diputados (22 de junio) en el Debate a la Totalidad sobre el Proyecto de Ley de Promoción y Atención de las Personas en Situación de Dependencia.

El Ministro resaltó que esta Ley es el cuarto pilar de nuestro Estado social, que "vendrá a sumarse al pilar de la educación garantizada, de la salud y de las pensiones".

¿Quiénes son los titulares de estos derechos?

Los titulares son "todos los españoles residentes en España". En la actualidad las personas en "situación de gran dependencia son casi 200 mil, en situación de dependencia severa 400 mill y en situación de dependencia moderada otras 560 mil", más de un millón de personas.

¿Cómo se configura el Sistema Nacional de dependencia?

La ley establece tres niveles de protección:

Primer nivel: Un nivel de protección mínimo y que garantiza a todos los beneficiarios del sistema una parte del coste de los servicios y las prestaciones contempladas en la Ley. Las Administración del Estado asumirá integramente el coste de este nivel.

Segundo Nivel: Será acordado entre la Administración Central y cada una de las CC.AA. y que será financiado en parte por la Adminstración Central y en parte por cada una de las CC.AA. medante la suscripción de convenios. Las CC.AA. tendrán que hacer una aportación económica al menos igual que la Administración Central.

Tercer Nivel: En donde las CC.AA. podrá hacer aportaciónes con cargo a sus propios presupuestos.

¿Cuáles son las modalidades de prestación?

Se establecen tres tipos de prestación:

Prestación de Servicios - modalidad dominante -, según un catálogo que incluye teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y centros de noche y centros residenciales.

Prestación Económica: cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención a la dependencia.

Ayuda Económica: para cuidados en el entorno familiar, siempre que se den las condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad.

Los primeros años de prestación del sistema, en los que se deben crear las infraestructuras suficientes, es probable que las prestaciones y ayudas económicas sean más frecuentes, Con el tiempo, las ayudas y prestaciones serán la excepción.

Financiación

Se estima que el coste total del sistema en el año 2015 será de casi 10 mil millones de euros. En el periodo de implantación gradual del sistema, 2007 - 2015, se estima un coste de 13 mil millones de euros para la Administración Central y una cantidad similar para las CC.AA.

Además, el proyecto de ley prevé la financiación por parte de los ciudadanos, aunque esta cantidad no superará en media el 30% del coste del servicio.

Julio 21, 2006

Adjudicada la primera fase de las concesiones de regadíos en Navarra

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La empresa pública "Riegos de Navarra" ha publicado la adjudicación de la primera fase de las concesiones de regadíos de Navarra al consorcio formado por Corporación CAN / Acciona / Isolux Corsán Concesiones / Befesa Construcción y Tecnología Ambiental / Iruña Construcción / Obenasa Empresa Constructora / Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras.

El proyecto tiene como fin renovar el sistema de regadíos de Navarra, lo que supone la renovación de la infraestructura de regadíos para unas 53.000 hectáreas. El período de concesión es de 30 años y el proyecto de esta primera fase lleva asociada una inversión de 181 millones de euros.

El consejo de administración de Riegos del Canal de Navarra ha adjudicado al consorcio formado por ACCIONA y Caja Navarra, entre otras empresas, la construcción y explotación de las infraestructuras de la zona regable del Canal de Navarra en su primera fase. Así, las tomas de este Canal llegarán hasta los hidrantes que cada agricultor tendrá en su finca y que abastecen las unidades de riego.

La inversión total será de 181 millones de euros para una superficie de 23.619 hectáreas, y se realizará mediante "peaje en sombra". La Administración, a través de la sociedad Riegos del Canal, pagará a las empresas un canon según los metros cúbicos de agua consumidos. Se estima que el consumo será de unos 5.000 metros cúbicos por hectárea y año.

Los regantes, por su parte, deberán aportar un canon por las inversiones de la empresa concesionaria y una cuota de explotación (mantenimiento) durante 30 años, al margen de lo que tendrán que pagar por el agua que consuman. El acuerdo de adjudicación se notificará formalmente a finales de agosto para posteriormente constituir el consorcio.

Julio 14, 2006

Mirada crítica del Círculo de Empresarios a la educación en España

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"Hacia un nuevo sistema educativo. Bases para la mejora de la enseñanza obligatoria" es el informe recientemente publicado por el Círculo de Empresarios en el que se aborda una de las claves del progreso y la prosperidad de cualquier sociedad: el sistema educativo.

Con la aparición hace un año del documento “España ante el nuevo paradigma de la competitividad”, el Círculo de Empresarios iniciaba una serie de publicaciones relativas a un fenómeno que refleja gran parte de los problemas de nuestra economía: la progresiva pérdida de competitividad.

La calidad de la educación es de una importancia capital en cualquier sociedad moderna. Por un lado, un alto nivel de calidad en la educación hace ciudadanos más cultos, más críticos, más libres y más adaptables a todo tipo de cambios, incluyendo los económicos. Una enseñanza de calidad para todos es también un factor clave para la cohesión social y para favorecer la igualdad de oportunidades. Por otro lado, una sociedad mejor educada es una sociedad más competitiva en el terreno económico. Así, el mayor capital humano redunda en ganancias de productividad y eficiencia que favorecen tanto al individuo como al conjunto de la sociedad.

Sin embargo, para poder dotar a los ciudadanos de la necesaria adaptabilidad respecto a los cambios, el propio sistema educativo debe contar con una flexibilidad de la que hoy carece. Este es uno de los retos principales a que se enfrentan los sistemas educativos europeos, puesto que deben ser capaces de reaccionar ante la multitud de cambios en el entorno en que desarrollan su actividad.

En primer lugar, la transformación demográfica y sus evidentes consecuencias para los sistemas educativos. En efecto, la caída de la natalidad ha provocado un acusado descenso en el número de alumnos que ocupan las aulas, lo que obliga a buscar nuevas fórmulas para un mejor aprovechamiento de unos recursos aparentemente más abundantes. Asimismo, y en combinación con la mayor esperanza de vida, el descenso de las tasas de fertilidad origina el envejecimiento de la población, lo que exige un mayor énfasis en el denominado “aprendizaje permanente”, es decir, en la actualización continua de las habilidades y conocimientos a lo largo de toda la vida laboral. A estos cambios se suma la fuerte incorporación de alumnos inmigrantes, cuyas necesidades educativas y de integración precisan de recursos específicos, adecuados a las particulares demandas de estos estudiantes.

En segundo lugar, en un contexto caracterizado por la globalización y el avance imparable de las tecnologías de la información y la comunicación, Europa ve aparecer nuevos competidores no sólo en sectores manufactureros intensivos en trabajo poco cualificado, sino también en industrias de mayor contenido tecnológico. Estas circunstancias obligan al viejo continente a adoptar estrategias que le permitan participar en el desarrollo y aplicación de los avances científicos y tecnológicos, algo que sólo será viable con un sistema educativo de calidad.

En tercer lugar, la incorporación de los países de Europa Central y del Este y Asiáticos de forma muy activa a nuestra economía globalizada está incidiendo también en la educación. Muchas de estas sociedades, en especial, las asiáticas, valoran enormemente el esfuerzo, la iniciativa, y la capacidad de superación del individuo. Esto contrasta con muchas sociedades europeas que, al haber alcanzado en las últimas décadas altas cotas de bienestar, se han vuelto menos exigentes. Evidentemente, el sistema educativo, de forma aislada, no puede transformar la sociedad, pero sí contribuir a que nuestros jóvenes comiencen a valorar la importancia del esfuerzo constante, el afán de superación y la consecución de objetivos.

Todos estos cambios suceden además en un entorno complejo, dada la decreciente implicación de la sociedad en el proceso educativo y la quiebra de la estabilidad y el orden en los centros escolares, con serios problemas de disciplina que interfieren en la labor docente.

El caso español, más allá de los retos comunes a toda Europa, se caracteriza por una serie de problemas específicos. Desde mediados de los años 70 se ha realizado un enorme esfuerzo para cubrir las notables deficiencias que presentaba la educación española. Los resultados han sido sin duda positivos, pues se ha permitido la incorporación al sistema educativo de un elevado volumen de alumnos. Este enorme esfuerzo de inclusión ha requerido dedicar casi todos los recursos al incremento de la dotación humana y de infraestructuras del sistema, de modo que el gasto en educación no ha podido enfocarse a la mejora de ámbitos en que otros países llevan tiempo invirtiendo, como la formación continua de los profesores o la integración de alumnos inmigrantes. Pero este es sólo uno de los factores que explican la insuficiente calidad de la educación española, puesta de manifiesto a través de las elevadas tasas de abandono de los estudios y de los malos resultados que nuestros estudiantes obtienen en pruebas internacionales. A su vez, esta insuficiente calidad se añade a otros elementos, como el escaso desarrollo de la formación profesional, para provocar un claro desajuste entre la preparación de los trabajadores y lo que las empresas demandan.

La educación española está, por tanto, necesitada de reformas significativas que, una vez superados los problemas cuantitativos, permitan centrarse en los cualitativos. La tarea no es fácil porque, como demuestra la evidencia internacional, para elevar la calidad del sistema educativo no basta con un simple incremento de gasto. Se trata, además, de reformas que habrán de hacerse teniendo muy en cuenta los nexos entre educación, sociedad y economía. Los alumnos saldrán a un mundo y a un mercado de trabajo cada vez más dinámicos y competitivos, donde flexibilidad y adaptabilidad serán componentes imprescindibles para una formación de futuro. Al igual que en otras esferas de la vida de un país, en este caso tampoco existen fórmulas únicas que garanticen el éxito de las reformas.

La Comunidad de Madrid adjudica las tres nuevas líneas de Metro Ligero

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La Comunidad de Madrid ha adjudicado la gestión de los trenes ligeros de Las Tablas y Sanchinarro, un contrato de 254 millones, al consorcio formado por Metro de Madrid, Caja Madrid y Alsa Interprovincial. Asimismo, la CAM ha adjudicado los que cubrirán las líneas de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, por 523 millones, a la unión temporal de empresas formada por OHL, Comsa, Transdev y Ahorro de Corporación Desarrollo.

Este nuevo medio de transporte, que entrará en servicio la primavera de 2007, va a beneficiar a 130.000 personas de los PAUs del norte de la capital y de los dos municipios del oeste de la región.

La adjudicación contempla treinta años de explotación y mantenimiento de las estaciones y paradas, la compra de nuevo material o la reposición de subestaciones eléctricas, entre otros conceptos, siguiendo los estándares de calidad establecidos por el Consorcio Regional de Transportes. La Comunidad lleva ejecutadas hasta el momento más de tres cuartas partes de las obras.

El primero de los tramos a Pozuelo-Boadilla tendrá una longitud de 13,5 kilómetros y contará con dieciocho estaciones, mientras que el segundo discurrirá a lo largo de nueve kilómetros, en los que se distribuirán trece paradas.

Los trabajos para llevar este transporte hasta el PAU de Sanchinarro y Las Tablas se encuentran muy avanzados. Así, se están construyendo 5,4 kilómetros de vías, con nueve estaciones, que usarán 40.000 vecinos de estos nuevos barrios.

Según estudios realizados por la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la CAM, se prevé que más de 16,5 millones usen este suburbano en su primer año de funcionamiento, que se irá incrementando hasta alcanzar los 31 millones de desplazamientos.

Julio 12, 2006

El Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público llega a las Cortes

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El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, cuyos objetivos principales son los de trasponer la Directiva comunitaria de coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos, contribuir a la estrategia de impulso a la productividad, eliminando barreras de entrada al mercado de la contratación pública y aumentando la competencia, e introducir en la legislación nacional la utilización de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación.

El Proyecto implica una profunda modificación estructural del mercado de la contratación pública y realiza aportaciones directas a la flexibilidad y modernización de la economía en la línea marcada por el Programa Nacional de Reformas.

El Proyecto de Ley introduce las siguientes novedades:

Supresión de barreras de entrada y reducción de costes para los licitadores

- La garantía provisional del 2 por 100 del presupuesto de licitación deja de ser preceptiva.
- La presentación de documentación previa a la adjudicación se limita a un certificado del registro de licitadores.
- Publicidad electrónica gratuita, con valor legal en determinados supuestos.
- Acceso a la documentación, pliegos, proyectos, etcétera por vía electrónica.
- Facilidades para la contratación electrónica.
- Nueva regulación de la subcontratación para facilitar el acceso de la PYME al mercado de compras públicas.

Flexibilizar y perfeccionar los procedimientos

- Se incorporan nuevas figuras para la adjudicación de contratos que permiten una selección más adecuada del procedimiento de adjudicación de cada contrato:
- Negociado con publicidad, para contratos de hasta un millón de euros en obras y de hasta cien mil euros en otros contratos.
- Diálogo competitivo para contratos especialmente complejos.
- Subasta electrónica, que permite la mejora en tiempo real de las proposiciones.
- Se introducen nuevos mecanismos para la racionalización de la contratación:
- Acuerdos marco, que fijan condiciones para celebrar contratos singulares.
- Sistemas dinámicos de adquisición. Permite la presentación de ofertas indicativas en cualquier momento que habrán de tenerse en cuenta en las futuras licitaciones.
- Centrales de contratación. Adquisición centralizada de bienes y servicios para distintos usuarios.
- Nuevo contrato típico, de colaboración público-privada que permite el reparto de riesgos entre la Administración y el contratista y que la financiación sea anticipada por el sector privado.

Apuesta por la contratación electrónica y el I+D+i

- Crea el marco legal para el desarrollo de la contratación electrónica, establece normas sobre los medios de comunicación y define la equivalencia entre documentos escritos y electrónicos.
- Asume la utilización de internet para publicitar la programación del órgano de contratación, con valor legal y consecuencias en la reducción de plazos.
- Crea una plataforma de contratación del Estado donde se accederá a la publicidad con valor indicativo y valor legal, se tramitarán las solicitudes de registro y de clasificación y se obtendrán los certificados correspondientes. - - Esta plataforma proporcionará otros servicios, tales como licitación y contratación centralizada, registro público de contratos, arquitectura de componentes para desarrollo de aplicaciones interoperables de contratación, provisión de aplicaciones específicas.
- Regula fórmulas específicas de contratación de los Organismos públicos de investigación para garantizar la obtención de retornos tecnológicos e industriales y su adecuada participación en la concurrencia internacional por los proyectos de investigación, que permita acceder a fuentes financieras adicionales para proyectos científicos.
- Se definen regímenes especiales para los contratos ligados a programas de investigación en colaboración con entidades extranjeras y el acceso a revistas y bases de datos electrónicas.

Aspectos sociales y medioambientales

El Proyecto de Ley permite la introducción de criterios de naturaleza social y medioambiental en las condiciones de ejecución del contrato. Entre ellos figuran los siguientes:

Combatir el paro

- Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral
- Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado.
- Facilitar la formación en el centro de trabajo.
- Cumplimiento de condiciones de carácter medioambiental.
- Introducción específica de características medioambientales, como etiquetas ecológicas, etcétera.

El Proyecto de Ley prevé, además, que el incumplimiento de estas condiciones dé lugar a la resolución del contrato o a penalizaciones económicas proporcionadas al incumplimiento, situando a estas condiciones de tipo social o medioambiental como obligaciones esenciales del contrato.

El Reino Unido anuncia otro superplan de inversión en educación, esta vez en primaria

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El Ministerio de Educación del Reino Unido (Department for Education and Skills, DfES) ha anunciado sus planes de llevar a cabo un ambicioso plan de renovación y construcción de escuelas de educación primaria en los próximos 15 años, mediante el cual se pretenden demoler y reconstruir las 900 escuelas primarias en peor estado y la renovación de otras 8.000 escuelas primarias del país.

Este programa se llamará Primary Capital Programme y prevé una inversión de 7.000 millones de libras (más de 10.000 millones de euros) en los próximos 15 años. Tendrá una estructura similar al otro superplan de inversión del DfES que ya está en marcha, el Programa BSF (Building Schools for the Future) para renovar todas las escuelas de enseñanza secundaria antes de 2021.

Más del 60% de las 18.000 escuelas primarias de Inglaterra fueron construidas entre 1945 y 1976. El objetivo del Gobierno es que las nuevas infraestructuras educativas, al igual que ocurre con las del BSF, no sólo respondan a las necesidades educativas del siglo XXI sino que además se conviertan en el corazón de las actividades educativas de cada municipio, siendo sede de clubes de la comunidad, centros de educación adulta, centros cívicos, etc...

Por otro lado, fuentes del Ministerio de Educación han asegurado que se podría aprovechar la estructura organizativa puesta en pie en los municipios donde ha habido proyectos BSF (los llamados LEPs -Local Education Partnerships-) para facilitar el proceso y ahorrar costes.

Esta iniciativa confirma la voluntad del gobierno británico de elevar los estándares de calidad de la educación y el nivel de gasto por alumno de la educación pública, en gran medida de la mano de la gestión de las infraestructuras educativas a través de Colaboración Público-Privada (concretamente, el modelo Private Finance Initiative inglés).

Enlace al informe del Ministerio de Educación británico sobre el programa Primary Capital Programme (en inglés)

Julio 11, 2006

Vivendas Sociales en Alquiler en Barcelona

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El presidente de La Caixa, Ricard Fornesa, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, han firmado un convenio para la construcción de entre 300 y 500 viviendas sociales en la ciudad en régimen de alquiler destinadas a jóvenes y a ancianos, lo que supondrá una inversión de entre 30 y 50 millones de euros.

El proyecto se enmarca en los objetivos del Plan de la Vivienda de Barcelona 2004-2010 y dentro de la sociedad Proyectos e Iniciativas Sociales de La Caixa, impulsada por la entidad para acentuar su vertiente social y facilitar el acceso a la vivienda a colectivos como los jóvenes y los ancianos.

El gerente del Instituto Municipal de Urbanismo, Ricard Frigola, ha explicado que actualmente se está trabajando para que puedan construirse estas viviendas en un solar en la calle Pallars y edificar entre 100 y 150 pisos en Roquetas, aunque en este último caso el proyecto está "en una fase más preliminar".

Las nuevas viviendas tendrán una superficie aproximada de 50 metros cuadrados útiles destinadas a menores de 35 años y mayores de 65 años y con una renta de alquiler que oscilará entre 130 y 240 euros.

A través de este acuerdo también se reinvertirán los posibles beneficios de las diferentes promociones en el desarrollo de nuevas iniciativas en Barcelona.

'El Ayuntamiento de Barcelona se reserva el derecho de tanteo y retracto sobre las viviendas sociales en las transmisiones que puedan producirse durante y al final del periodo de protección. Además, la adjudicación de los contratos de alquiler de las viviendas garantizará la igualdad de oportunidades y la transparencia.

El acuerdo marco de colaboración entre el consistorio barcelonés y La Caixa para el fomento de viviendas de tipo social en régimen de alquiler en la ciudad es un primer paso en el desarrollo del Plan de Vivienda de Barcelona, al que se añadirán otros acuerdos con diferentes operadoras para poner en el mercado pisos protegidos en sus diferentes tipologías, según han informado resaponsables del Ayuntamiento.

Julio 10, 2006

La deuda de las empresas públicas regionales crece un 11%

La deuda de las empresas públicas pertenecientes a las comunidades autónomas se situó en 7.080 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 11% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior según datos del Banco de España. Este aumento supera claramente el alza del 2,4% de la deuda de los gobiernos regionales en el mismo periodo y sitúa el el endeudamiento de las administraciones autonómicas y las corporaciones locales al borde del 1% del PIB.

En los últimos años, tanto comunidades como ayuntamientos han creado sociedades públicas para realizar grandes obras en sus territorios. El objetivo de estas sociedades es, en parte, excluir el gasto generado por los trabajos del cómputo general del déficit atribuible a la comunidad, muy controlado por Eurostat, la oficina estadística de la UE.

La mitad de la deuda -3.502 millones- corresponde a sociedades catalanas. Les siguen las empresas públicas valencianas, con 1.538 millones. Estas dos regiones acaparan el 71% de la deuda empresarial en manos de gobiernos autonómicos. A continuación figuran Castilla-La Mancha (564 millones), Madrid (488 millones) y Canarias (192 millones).

Julio 03, 2006

Adjudicado el primer colegio PPP de Francia

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El consorcio formado por Sogea Nord-Ouest, filial de la concesionaria francesa Vinci, y Auxfip, del Grupo Crédit Agricole, se ha adjudicado el primer contrato PPP para un colegio en Francia, que comprende la financiación, construcción y explotación de un colegio de nueva construcción en la localidad de Villemandeur (Loiret).

Se espera que el colegio esté listo para el comienzo del curso 2007-2008 y será el primero de Francia que sale adelante mediante Colaboración Público-Privada, en virtud del marco legal en materia de PPP creado en 2004 en el país galo a través de la ordonnance 17 juin 2004. Francia se une a Alemania, por tanto, como país pionero en PPP educativo en Europa continental.

El colegio tendrá una capacidad de 550 alumnos, de los que 40 serán internos, y la duración de la concesión es de 10 años. Además de la financiación y construcción, el consorcio privado se encargará del cuidado, mantenimiento y explotación del colegio, así como de la prestación de diversos servicios como portería, limpieza, gestión de residuos y cuidado de zonas verdes.

El contrato tiene un valor aproximado de 13 millones de euros.