El Proyecto implica una profunda modificación estructural del mercado de la contratación pública y realiza aportaciones directas a la flexibilidad y modernización de la economía en la línea marcada por el Programa Nacional de Reformas.

El Proyecto de Ley introduce las siguientes novedades:

Supresión de barreras de entrada y reducción de costes para los licitadores

- La garantía provisional del 2 por 100 del presupuesto de licitación deja de ser preceptiva.
- La presentación de documentación previa a la adjudicación se limita a un certificado del registro de licitadores.
- Publicidad electrónica gratuita, con valor legal en determinados supuestos.
- Acceso a la documentación, pliegos, proyectos, etcétera por vía electrónica.
- Facilidades para la contratación electrónica.
- Nueva regulación de la subcontratación para facilitar el acceso de la PYME al mercado de compras públicas.

Flexibilizar y perfeccionar los procedimientos

- Se incorporan nuevas figuras para la adjudicación de contratos que permiten una selección más adecuada del procedimiento de adjudicación de cada contrato:
- Negociado con publicidad, para contratos de hasta un millón de euros en obras y de hasta cien mil euros en otros contratos.
- Diálogo competitivo para contratos especialmente complejos.
- Subasta electrónica, que permite la mejora en tiempo real de las proposiciones.
- Se introducen nuevos mecanismos para la racionalización de la contratación:
- Acuerdos marco, que fijan condiciones para celebrar contratos singulares.
- Sistemas dinámicos de adquisición. Permite la presentación de ofertas indicativas en cualquier momento que habrán de tenerse en cuenta en las futuras licitaciones.
- Centrales de contratación. Adquisición centralizada de bienes y servicios para distintos usuarios.
- Nuevo contrato típico, de colaboración público-privada que permite el reparto de riesgos entre la Administración y el contratista y que la financiación sea anticipada por el sector privado.

Apuesta por la contratación electrónica y el I+D+i

- Crea el marco legal para el desarrollo de la contratación electrónica, establece normas sobre los medios de comunicación y define la equivalencia entre documentos escritos y electrónicos.
- Asume la utilización de internet para publicitar la programación del órgano de contratación, con valor legal y consecuencias en la reducción de plazos.
- Crea una plataforma de contratación del Estado donde se accederá a la publicidad con valor indicativo y valor legal, se tramitarán las solicitudes de registro y de clasificación y se obtendrán los certificados correspondientes. - - Esta plataforma proporcionará otros servicios, tales como licitación y contratación centralizada, registro público de contratos, arquitectura de componentes para desarrollo de aplicaciones interoperables de contratación, provisión de aplicaciones específicas.
- Regula fórmulas específicas de contratación de los Organismos públicos de investigación para garantizar la obtención de retornos tecnológicos e industriales y su adecuada participación en la concurrencia internacional por los proyectos de investigación, que permita acceder a fuentes financieras adicionales para proyectos científicos.
- Se definen regímenes especiales para los contratos ligados a programas de investigación en colaboración con entidades extranjeras y el acceso a revistas y bases de datos electrónicas.

Aspectos sociales y medioambientales

El Proyecto de Ley permite la introducción de criterios de naturaleza social y medioambiental en las condiciones de ejecución del contrato. Entre ellos figuran los siguientes:

Combatir el paro

- Promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral
- Eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado.
- Facilitar la formación en el centro de trabajo.
- Cumplimiento de condiciones de carácter medioambiental.
- Introducción específica de características medioambientales, como etiquetas ecológicas, etcétera.

El Proyecto de Ley prevé, además, que el incumplimiento de estas condiciones dé lugar a la resolución del contrato o a penalizaciones económicas proporcionadas al incumplimiento, situando a estas condiciones de tipo social o medioambiental como obligaciones esenciales del contrato.