CEPES es una asociación de instituciones y organizaciones dentro de lo que se denomina "Economía Social", que incluye a: Sociedades Laborales, Cooperativas, Mutualidades, Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo.

Lo asociados de CEPES son:

- Asociación FEAPS para el Empleo de Personas con Discapacidad Intelectual(AFEM)
- Atlantis Seguros
- Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE)
- Confederación de Cooperativas de Cataluña (CCC)
- Confederación de Cooperativas de Euskadi (CCE)
- Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES ANDALUCIA)
- Confederación de entidades para la economía social y autónomos de extremadura ( CEPES-EXTREMADURA)
- Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)
- Confederación Española de Mutualidades (CNEPS)
- Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA)
- Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (CONCOVI)
- Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España (CONFESAL)
- Federación de Cooperativas de Madrid (FECOMA)
- Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción (FEDEI)
- FUNDOSA GRUPO
- LA ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (GRUPO ASCES)
- Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (HISPACOOP)
- Mondragón Corporación Cooperativa (MCC)
- Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE)
- Grup Cooperatiu d'Assistència Sanitaria (SCIAS)
- Unión de Cooperativas de Transporte de España (UCOTRANS)
- Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (U.E.CO.E.)
- Unión Nacional de Cooperativas del Mar (UNACOMAR)
- Unión de Detallistas Españoles Sociedad Cooperativa (GRUPO UNIDE)

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El Instituto de Estadística de Andalucía ha realizado el estudio "Dependencia y Solidaridad en las Redes Familiares" en el que apunta que en Andalucía hay mas de 142.000 personas de mas de 80 años con necesidades básicas y 115.000 con necesidades vitales, es decir, que necesitan ayuda para comer o para su aseo pesonal. En total, algo mas de 640.000 personas de todas las ayudas declaran necesitar algún tipo de ayuda.

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La Vicepresidencia de la Xunta, a través de la Secretaría de Benestar, se adelanta a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia que se tramita en las Cortes con un plan de choque que contempla la puesta en marcha en este mismo año de trece programas de atención a las personas con diferentes niveles de dependencia psíquica y física, que en Galicia estiman que son 84.300, de los que unos 16.000 son grandes dependientes.

Diecisiete nuevos centros

El Estado, a tenor de los citados acuerdos, aporta 60 millones de euros, el 70% de la inversión, para los centros que se empezarán a construir este mismo año. Son dos para personas con discapacidad psíquica que se crearán en las provincias de A Coruña y Ourense, con un total de 240 plazas; otros dos para afectados de daño cerebral adquirido, que aportarán 120 plazas; y dos más para discapacitados intelectuales y trastorno mental que supondrán 80 plazas. Crearán una red específica de once centros de día para dependientes mayores de 60 años y para aquejados de Alzheimer, con 40 plazas cada uno. Además, incrementarán las plazas para dependientes en los 35 centros de día de nueva construcción, destinadas a atender en su entorno las necesidades básicas de la población afectada. Otra medida inmediata es la transformación de 500 plazas de válidos para dependientes en la actual red pública de residencias de la tercera edad.

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La integración de los inmigrantes es uno de los retos más importantes que afronta la sociedad española. El Gobierno se comprometió en junio de 2004 a elaborar un Plan Estratégico para la Integración de los inmigrantes que sirviera de instrumento para coordinar y promover las actuaciones puestas en marcha por las distintas Administraciones Públicas y por la sociedad civil.

El borrador de Plan es el resultado de un trabajo que, promovido y dirigido por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, perteneciente la Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

En el Plan se recalca la importancia de la educación y se señala que:” El número de alumnos extranjeros matriculados en enseñanzas no universitarias ha pasado 38.927 en el curso 91/92 a 457.425 en el ejercicio 2004 – 2005 (del 0,47% sobre el total de alumnos al 6,05%). La mayor proporción se da en Baleares (11%), Madrid (10%), La Rioja (9%), Murcia (9%), Valencia (8%) y Cataluña (8%). La mayor parte de estos alumnos (372.996, en 2004 – 2005) se matricularon en Centros Públicos.

Los objetivos y programas de este plan con respecto al aspecto educativo son:

Objetivo 1: Garantizar el acceso del alumnado inmigrante a las etapas de educación obligatoria en igualdad de condiciones.
Objetivo 2: Garantizar una educación obligatoria de calidad, independientemente de la condición o procedencia del alumno.
Objetivo 3: Adecuar el sistema educativo a la diversidad del alumnado gestionando adecuadamente dicha diversidad y fomentando la adquisición de conocimientos y componentes interculturales.
Objetivo 4: Transformar la escuela en espacio de comunicación, convivencia e integración en el entorno.
Objetivo 5: Facilitar el acceso del alumnado inmigrante a etapas no obligatorias.
Objetivo 6: Mejorar el acceso de los inmigrantes a la formación de adultos.
Objetivo 7: Mejorar los procedimientos de homologación de las titulaciones académicas.

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El Ejecutivo no consigue apaciguar la guerra del agua declarada entre comunidades autónomas. En los últimos meses la batalla se había desarrollado por el control de las cuencas hidrográficas reclamado por Andalucía, Aragón, Cataluña o Valencia. Murcia y Valencia quieren obtener la gestión de las plantas que Medio Ambiente construye en sus costas y evitar que el Gobierno ceda agua desalada a otras cuencas tras la derogación del trasvase del Ebro.

El Ministerio de Medio Ambiente, para evitar una parcelación de los grandes ríos, se apresuró a redactar una ley que dejará claras las competencias estatales sobre la gestión de los recursos hídricos que afecten a más de una CCAA.

Las 17 plantas que Medio Ambiente va a construir en el litoral de Alicante, Almería, Barcelona, Málaga y Murcia están planificadas, inicialmente, para dar servicio sólo a estas zonas a partir de 2007, aunque algunas están retrasadas. La gestión en exclusiva de las nuevas desaladoras garantizaría a las regiones un total de 600 hectómetros cúbicos cada año.

Cataluña, que fue la primera en reclamar la gestión exclusiva de los recursos hidráulicos de su territorio y se enfrenta ahora a la amenaza de varios recursos al Tribunal Constitucional por parte de otras regiones.

El alto coste de acometer todas estas infraestructuras (el programa AGUA tiene un presupuesto de 3.900 millones de euros) y la filosofía de la propia ministra, favorable a que el problema del agua se gestione coordinadamente desde el gobierno central, apuntan en la dirección contraria de una nueva cesión de competencias. Una solución intermedia podría ser la participación de las comunidades autónomas en el órgano de gestión de estas infraestructuras, como ya ha planteado Medio Ambiente para las cuencas hidrográficas.

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El Ministerio de Fomento tiene la intención de limitar el número de ofertas por concurso de obras públicas.
La gran competencia existente en cada licitación, independientemente del importe o el organismo de contratación, ha hecho que se presenten una elevadísima cantidad de ofertas y descuentos sobre el precio inicial del contrato de más del 30%.

El Ministerio de Fomento, el principal órgano de contratación del Estado con más de 10.000 millones de euros para inversión al año, pretende reaccionar ante esta dinámica.

Acogiéndose a la nueva legislación –el proyecto de ley de contratos del Estado ya está en trámite en el Congreso–, el departamento que dirige Magdalena Álvarez proyecta convertir el modelo de concurso restringido en un procedimiento habitual de contratación, un sistema prácticamente inédito hasta ahora en España.

El procedimiento restringido se rige por un régimen de invitación en el que sólo pueden participar aquellas empresas que acrediten un volumen de negocio significativo, vinculado al objeto del contrato, durante los últimos tres años. Además, deberán acreditar la cualificación de su cúpula directiva, la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, las inversiones realizadas en materia de gestión medioambiental y el parque de maquinaria disponible, entre otros requisitos.

Los defensores de este sistema hablan de una Administración más ágil, la reducción de los plazos de ejecución de las obras, unas empresas más especializadas y la promoción de alianzas en el sector, lo que se traducirá en una mayor concentración de un mercado tradicionalmente atomizado.

Los detractores advierten que la fórmula reforzará aún más el peso de los grandes grupos. En 2005, ACS y FCC fueron las compañías que sumaron más volumen de negocio del Ministerio de Fomento y de Medio Ambiente. En términos generales, los seis grupos que cotizan en bolsa obtuvieron una cuota de más del 50% de las adjudicaciones y, en lo que va de 2006, esta dinámica no ha variado significativamente.

Ejemplos significativos de la fuerte competencia son los contratos de conservación de las autopistas de primera generación, proyectos valorados en 2.000 millones de euros, o la licitación de las plantas desaladoras del Plan Agua.

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Los municipios disparan la creación de sociedades públicas para aumentar sus recursos y así sortear las restricciones de las leyes presupuestarias. Los ayuntamientos han seguido la estela de las autonomías y no dejan de incrementar el número de empresas dependientes, una vía para buscar y gestionar recursos públicos y crear infraestructuras.

Los municipios se han encontrado con que la única vía para aumentar el endeudamiento con vistas a financiar inversiones consiste en la adquisición de activos financieros mediante transferencias de capital a empresas públicas que no están incluidas en las cuentas centrales de las Administraciones Públicas. Las restricciones presupuestarias obligan a los ayuntamientos a cerrar sus cuentas en equilibrio cada año, aunque esta exigencia se cambiará desde el próximo año para adecuar el déficit al clima económico.

La OCDE ha criticado que de esta forma se han originado los problemas de transparencia que ahora quiere perseguir el Gobierno, mientras que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha hecho referencia a la magnitud del problema a escala municipal. A pesar de recurrir a este tipo de empresas, la deuda de las corporaciones locales ascendía ya en el primer trimestre a 35.910 millones de euros, un 11% más que en marzo de 2005.

Son las únicas administraciones que ven aumentar su deuda en relación al PIB, que pasa del 3,8% al 3,9%. Las autonomías han reducido esta ratio del 7,2% al 7% del PIB, mientras que la Administración Central ha seguido la misma senda, al pasar del 43,3% del PIB al 39,3%. Pese a estos descensos, el conjunto de las Administraciones Públicas sigue manteniendo un elevado endeudamiento equivalente al 53,2% del PIB.

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Representantes de grandes compañías de infraestructuras europeas, entre las que se encuentra un nutrido grupo de empresas españolas con el respaldo del Ministerio de Economía español, lograron extraer un compromosio para que el impacto de la normativa contable no castigue la marcha del negocio concesional, tras un encuentro con los máximos responsables del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, en sus siglas en inglés).

El IASB está dispuesto a que, durante un periodo transitorio, las actuales y las nuevas concesiones se contabilicen como un activo financiero (interpretación D-13) y no como un activo intangible (interpretación D-14). El principal resultado de este cambio de criterio es que las empresas podrán arrojar beneficios o pérdidas irrelevantes en los primeros años de la explotación de la infraestructura, ya que los elevados costes por endeudamiento para la construcción de una autopista podrán compensarse con los ingresos financieros. Con la anterior interpretación, no se recogía esta posibilidad, lo que elevaba significativamente las pérdidas de las sociedades concesionarias.

En el caso español, esta circunstancia es especialmente delicada debido a la legislación mercantil que, a partir de 2007 ó 2008 deberá aplicarse a todas las sociedades individuales. El principal impacto recae sobre la retribución de los accionistas, ya que aquellas sociedades concesionarias individuales que entren en pérdidas no podrán repartir dividendo. Otra consecuencia es la obligación de los socios de la concesionaria de aportar recursos para reequilibar su capital social cuando ha entrado en proceso de disolución debido a la aplicación de las NIC.

Los responsables del IASB están dispuestos a recoger una excepción transitoria para que el negocio concesional con garantía del Estado entre en la interpretación D-13 como activo financiero. La consecuencia más inmediata es que las sociedades concesionarias podrán compensar los costes financieros, lo que permitirá no arrojar grandes pérdidas en los primeros años de explotación de la infraestructura.

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GISA ha publicado la licitación de otros dos contratos de constitución de un derecho de superficie para la construcción y conservación de edificios judiciales, así como la explotación de los mismos mediante su arrendamiento a la Generalitat de Catalunya.

El primer concurso se licitan los juzgados de Granollers, por un importe estimado de 18.3 millones de euros, mientras que en el segundo se licitan de forma agrupada los juzgados de Manresa (17.9M€) y el Vendrell (12.7M€).

La concesión tendrá una duración de 27 años, de los cuales habrá un máximo de 22 meses para la construcción. La fecha límite fijada para la entrega de las ofertas es el 26 de septiembre de 2006.

Hay alguna diferencia en los criterios de valoración respecto a anteriores juzgados; aunque la oferta técnica siga pesando 35/110 y la económico-financiera siga 75/110, en la segunda el VAN del importe de las contraprestaciones a cargo de la Generalitat pierde peso (10 puntos) en favor del importe de los precios de reversión que consten en la oferta para los años 5, 10, 15 y 20 de la concesión.

Enlace a los anuncios de licitación y su documentación

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El Plan Estatal 2005 -2008 busca favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda (Real Decreto 801/2005) busca que la vivienda protegida pese más en el mercado de la vivienda y un mayor equilbrio entre las formas de tenencia, favorenciendo el alquiler.

Ver presentación del Ministerio de Vivienda sobre el Plan Estatal 2005 - 2008

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El Consorci Sanitari Integral (CSI) es un ente público de servicios sanitarios y sociales que nació en el año 2000 asumiendo los antigüos hospitales de la Cruz Roja en la provincia de Barcelona. Actualmente el CSI está partacipado por el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat, el Ayuntamiento de Sant Joan Despí, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Cruz Roja.

Los centros que forman parte del Consorci Sanitari Integral són: el Hospital General de l’Hospitalet, el Hospital Dos de Maig, el Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet, el Hospital Comarcal del Baix Llobregat que està en construcción, el CAP Sagrada Família, el CAP Collblanc, el CAP la Torrassa, la Residència Companys Socials, el Banco de Sangre, la Fundación Assaig y el Centre de Serveis Compartits.

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La Mesa de Contratación de las obras y explotación del nuevo hospital de Son Dureta ha acordado consultar al Consell Consultiu si el procedimiento seguido se ajusta a derecho y, concretamente, validar o si es necesario rectificar, el informe técnico de valoración de las ofertas presentadas.

Según la Conselleria de Salut la mesa de contratación estaba en disposición de realizar una propuesta de adjudicación, desde el convencimiento de que todo el proceso realizado hasta el momento es correcto, pero ha adoptado la decisión de consultar al máximo organismo de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma para «salvaguardar la objetividad, transparencia e imparcialidad» del proceso de contratación de las obras y explotación del hospital.

Cuatro son las UTE que optan a la adjudicación del nuevo hospital: Grupo ASC (Dragados)-FCC-Melchor Mascaró-Llabrés Feliu que opta a la adjudicación por 635.071 millones de euros; la UTE de OHL-Inabensa-Bovis-Ferratur con 740.523 millones de euros; Testa-Construcciones San José-Saycr-Tecnocontrol con 699.961 millones de euros y Acciona-Ortiz Construcciones-Matías Arrom Bibiloni con 673.533 euros.

La medida de remitir la propuesta al Consell Consultiu supondrá retrasar, como mínimo un mes más, la adjudicación de las obras y ha sido realizada por la Conselleria de Salut i Consum al IB-Salut que ha trasladado la petición a la mesa de contratación y será trasladada por el Govern al Consell Consultiu.

El dictamen del Consultiu no es vinculante por lo que una vez emitido será trasladado a la Mesa de Contratación "para que adopte las decisiones oportunas". Sin embargo, la Conselleria ya ha adelantado que lo que diga el Consultiu "tendrá mucho peso".

El presidente de este órgano asesor, Miquel Coll, manifestó que es "impredecible" el tiempo que tardará en resolver el asunto debido a la magnitud del expediente. Sin embargo, los temas que llegan al Consultiu tienen plazo para ser resueltos: 15 días si es una consulta de urgencia y 30 los demás supuestos. Por tanto, si se convocara ya al Consultiu el dictamen podría conocerse a final de mes. Pero la petición del Govern ha pillado a algunos miembros de vacaciones y no estaba prevista ninguna reunión hasta el 22 de agosto para tratar otros temas de urgencia.

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