El Ministerio de Fomento, el principal órgano de contratación del Estado con más de 10.000 millones de euros para inversión al año, pretende reaccionar ante esta dinámica.

Acogiéndose a la nueva legislación –el proyecto de ley de contratos del Estado ya está en trámite en el Congreso–, el departamento que dirige Magdalena Álvarez proyecta convertir el modelo de concurso restringido en un procedimiento habitual de contratación, un sistema prácticamente inédito hasta ahora en España.

El procedimiento restringido se rige por un régimen de invitación en el que sólo pueden participar aquellas empresas que acrediten un volumen de negocio significativo, vinculado al objeto del contrato, durante los últimos tres años. Además, deberán acreditar la cualificación de su cúpula directiva, la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, las inversiones realizadas en materia de gestión medioambiental y el parque de maquinaria disponible, entre otros requisitos.

Los defensores de este sistema hablan de una Administración más ágil, la reducción de los plazos de ejecución de las obras, unas empresas más especializadas y la promoción de alianzas en el sector, lo que se traducirá en una mayor concentración de un mercado tradicionalmente atomizado.

Los detractores advierten que la fórmula reforzará aún más el peso de los grandes grupos. En 2005, ACS y FCC fueron las compañías que sumaron más volumen de negocio del Ministerio de Fomento y de Medio Ambiente. En términos generales, los seis grupos que cotizan en bolsa obtuvieron una cuota de más del 50% de las adjudicaciones y, en lo que va de 2006, esta dinámica no ha variado significativamente.

Ejemplos significativos de la fuerte competencia son los contratos de conservación de las autopistas de primera generación, proyectos valorados en 2.000 millones de euros, o la licitación de las plantas desaladoras del Plan Agua.