El Ministerio de Medio Ambiente, para evitar una parcelación de los grandes ríos, se apresuró a redactar una ley que dejará claras las competencias estatales sobre la gestión de los recursos hídricos que afecten a más de una CCAA.

Las 17 plantas que Medio Ambiente va a construir en el litoral de Alicante, Almería, Barcelona, Málaga y Murcia están planificadas, inicialmente, para dar servicio sólo a estas zonas a partir de 2007, aunque algunas están retrasadas. La gestión en exclusiva de las nuevas desaladoras garantizaría a las regiones un total de 600 hectómetros cúbicos cada año.

Cataluña, que fue la primera en reclamar la gestión exclusiva de los recursos hidráulicos de su territorio y se enfrenta ahora a la amenaza de varios recursos al Tribunal Constitucional por parte de otras regiones.

El alto coste de acometer todas estas infraestructuras (el programa AGUA tiene un presupuesto de 3.900 millones de euros) y la filosofía de la propia ministra, favorable a que el problema del agua se gestione coordinadamente desde el gobierno central, apuntan en la dirección contraria de una nueva cesión de competencias. Una solución intermedia podría ser la participación de las comunidades autónomas en el órgano de gestión de estas infraestructuras, como ya ha planteado Medio Ambiente para las cuencas hidrográficas.