Los municipios se han encontrado con que la única vía para aumentar el endeudamiento con vistas a financiar inversiones consiste en la adquisición de activos financieros mediante transferencias de capital a empresas públicas que no están incluidas en las cuentas centrales de las Administraciones Públicas. Las restricciones presupuestarias obligan a los ayuntamientos a cerrar sus cuentas en equilibrio cada año, aunque esta exigencia se cambiará desde el próximo año para adecuar el déficit al clima económico.

La OCDE ha criticado que de esta forma se han originado los problemas de transparencia que ahora quiere perseguir el Gobierno, mientras que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha hecho referencia a la magnitud del problema a escala municipal. A pesar de recurrir a este tipo de empresas, la deuda de las corporaciones locales ascendía ya en el primer trimestre a 35.910 millones de euros, un 11% más que en marzo de 2005.

Son las únicas administraciones que ven aumentar su deuda en relación al PIB, que pasa del 3,8% al 3,9%. Las autonomías han reducido esta ratio del 7,2% al 7% del PIB, mientras que la Administración Central ha seguido la misma senda, al pasar del 43,3% del PIB al 39,3%. Pese a estos descensos, el conjunto de las Administraciones Públicas sigue manteniendo un elevado endeudamiento equivalente al 53,2% del PIB.