El Gobierno central sólo tiene previsto aportar unos 3.000 millones de euros, destinados a aquellas obras consideradas de interés general. El resto de la inversión procederá de los fondos de la Unión Europea, de las administraciones territoriales y, probablemente, del sector privado.

Los sistemas de colaboración público-privada, utilizados con frecuencia en la financiación de las redes de transporte, pueden ser exportados al plan de saneamiento y depuración.

El Ejecutivo quiere implantar el principio de quien contamina paga a todos los usuarios del servicio. Las comunidades autónomas que ya cuentan con este recargo –Navarra, Cataluña o Murcia– facturan a los usuarios finales un canon que oscila entre los 0,19 euros por metro cúbico y los 0,40 euros. El objetivo es extender el pago al conjunto de España.

El plan nacional de calidad de las aguas es consecuencia de la aplicación de la nueva directiva marco del agua y de completar los objetivos incumplidos durante el periodo 1995-2005. Los responsables de Medio Ambiente justifican la necesidad de abordar esta inversión multimillonaria enfrentándola a los planes de otros departamentos ministeriales, mucho más costosos. La inversión prevista anual de 1.974 millones de euros representa el 0,22% del PIB, mientras que la del PEIT del Ministerio de Fomento supone el 1,2% del PIB.