Land Securities Group PLC ha adquirido SMIF (Secondary Market Infrastructure Fund) por 527 millones de libras, más de 750 millones de euros. La aquisición fue llevada a cabo a través de Land Securities Trillium (LST) y los vendedores fueron STAR Capital Partners (STAR), Halifax Bank of Scotland y AMP Capital Investors
El proyecto de colaboración público privada de €41 M sobre la Cárcel Quatre Camins en Cataluña ha alcanzado el cierre financiero al final de la semana pasada. El licitador asignado construirá un anexo nuevo para el Gobierno Catalán, bajo un contrato de arrendamiento.
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El año pasado, pese a ser un ejercicio generoso en términos de inversión pública, sobre todo en el ámbito de las administraciones territoriales y del Ministerio de Medio Ambiente, se ha vuelto a desatar una guerra de precios para hacerse con un trozo de un pastel que asciende a más de 21.000 millones de euros.
Sólo en los concursos adjudicados por el Ministerio de Fomento, se ha producido una rebaja media sobre el precio inicial de licitación del 25,72%.
De los seis grandes grupos que cotizan en bolsa, sólo Acciona y Ferrovial, según el cómputo de las adjudicaciones provisionales realizadas por Fomento (sin incluir concesiones) han incrementado su cuota de mercado. Ocurre prácticamente lo mismo si se analiza el ránking para el conjunto de las administraciones públicas.
Continuar leyendo "Rebajas en la Obra Pública: Las constructuras bajan los precios un 26%" »
El Reino Unido acapara el el 60% de la inversión hasta ahora. Santander Infraestructuras ha invertido ya el 47% de los 185 millones de euros con que esta dotado este fondo a diez años.
Las CCAA españolas debían 37.036 millones de euros a las entidades financieras al cierre del primer semestre, un 3,8% más que el año anterior. Más de un 60% de estos créditos procede de los bancos.
El Ministerio de Fomento tiene la intención de limitar el número de ofertas por concurso de obras públicas.
La gran competencia existente en cada licitación, independientemente del importe o el organismo de contratación, ha hecho que se presenten una elevadísima cantidad de ofertas y descuentos sobre el precio inicial del contrato de más del 30%.
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Los municipios disparan la creación de sociedades públicas para aumentar sus recursos y así sortear las restricciones de las leyes presupuestarias. Los ayuntamientos han seguido la estela de las autonomías y no dejan de incrementar el número de empresas dependientes, una vía para buscar y gestionar recursos públicos y crear infraestructuras.
Representantes de grandes compañías de infraestructuras europeas, entre las que se encuentra un nutrido grupo de empresas españolas con el respaldo del Ministerio de Economía español, lograron extraer un compromosio para que el impacto de la normativa contable no castigue la marcha del negocio concesional, tras un encuentro con los máximos responsables del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, en sus siglas en inglés).
La deuda de las CC.AA. alcanzaron en el primer trimestre de 2006 un 6% del PIB y la deuda de las empresas publicas de las CC.AA. un 0,8% del PIB.
El detalle por CC.AA. es como sigue:
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Newsletter Corporativo de Recoletos Conferencias
En los últimos treinta años, el sector público español ha hecho un enorme esfuerzo de inversión en la infraestructura pública. El secarral de servicios públicos que encontró la Transición se ha convertido en un campo cultivado que da sus frutos en crecimiento económico, cohesión social y equilibrio territorial. Sin embargo, tenemos carencias y necesidades sobrevenidas (inmigración, contaminación, envejecimiento, globalización, etc.). Estos retos obligan a dirigir el debate hacia aspectos menos cuantitativos: ya no va de ladrillos y asfalto, se trata de generación de valor al ciudadano. De poco sirve tener escuelas muy bonitas si el 30% de los chavales no acaba la
enseñanza obligatoria o una biblioteca en el centro de una población está vacía de lectores.
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El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, cuyos objetivos principales son los de trasponer la Directiva comunitaria de coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos, contribuir a la estrategia de impulso a la productividad, eliminando barreras de entrada al mercado de la contratación pública y aumentando la competencia, e introducir en la legislación nacional la utilización de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación.
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La deuda de las empresas públicas pertenecientes a las comunidades autónomas se situó en 7.080 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 11% respecto del mismo periodo del ejercicio anterior según datos del Banco de España. Este aumento supera claramente el alza del 2,4% de la deuda de los gobiernos regionales en el mismo periodo y sitúa el el endeudamiento de las administraciones autonómicas y las corporaciones locales al borde del 1% del PIB.
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La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha publicado un manual de cálculo del déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales. La misión principal es ayudar a las administraciones públicas en este ámbito de acuerdo con las directrices de SEC95.
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La National Audit Office (NAO), organismo gubernamental británico, ha presentado su informe "A Framework for evaluating the implementation of Private Finance Initiative Project": una guía para evaluar si un proyecto PFI ha sido correctamente planificado e implementado. Se trata de analizar si se obtiene "value for money" comparándolo con otras figuras de contratación.
Sólo el Reino Unido utilizó más que España las fórmulas de financiación público-privadas para realizar infraestructuras en los últimos cinco años. Los británicos aglutinan el 57% de los proyectos licitados de este modo en toda la Unión Europea (UE) entre 2000 y 2005, frente al 10% de España, según un estudio de la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC).
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La Comisión Europea, en una comunicación destinada a los Estados miembros, estima que los servicios sociales constituyen un sector en plena expansión, tanto como apoyo al crecimiento económico, como a la creación de empleo, por lo que para asegurar su modernización y su calidad es esencial “la participación del capital privado”.
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Economía tiene ya encima de la mesa las propuestas que acaban de enviar las grandes constructoras, muy preocupadas por las consecuencias 'muy negativas' que puede tener el cambio contable para las concesiones. Con las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIC), estarían obligadas a anotar de golpe todos los costes financieros en los primeros años de concesión de las autopistas, lo que coincide con el periodo de fuertes inversiones para ponerlas en marcha. Hasta ahora, la norma española permitía apuntarlos a lo largo de toda la concesión.
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La Ley de Estabilidad Presupuestaria ha vuelto a cambiar para garantizar un mayor control del Gobierno sobre el gasto de las comunidades autónomas. La posibilidad de incurrir en déficit de las autonomías dependerá no sólo del crecimiento de las comunidades, sino también de que un informe del Ministerio de Economía constate que el ciclo económico se ralentiza.
Continuar leyendo "Se endurece la ley antidéficit para las CCAAs" »
Itinere y Caixa Galicia han resultado adjudicatarios en el concurso para la concesión de la autopista entre Padrón y Santa Uxía de Ribeira, en la provincia de La Coruña.
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De acuerdo con la Agenda de Lisboa, el Gobierno Español ha diseñado una Estrategia de Política Económica con el horizonte 2010, siguiendo las pautas de la Comisión Europea. El Programa Nacional de Reformas en España contiene 7 ejes de actuación, de los que 3 afectan a los proceso de colaboración público - privada:
1.- Refuerzo de la estabilidad macroeconómica y presupuestaria.
2.- Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes y Plan Agua
3.- Aumento y mejora del capital humano
Las sociedades concesionarias de autopistas de peaje españolas quieren corregir, en la medida de lo posible, el impacto sobre sus balances de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).
Para ello, están colaborando estrechamente con el Ministerio de Economía para que se tenga en cuenta la peculiaridad de su negocio dentro de la reforma del plan contable y su adaptación a la legislación mercantil, en fase de tramitación.
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El nuevo esquema de financiación autonómica supondrá más ingresos y también más responsabilidad para las Comunidades Autónomas.
El Ministerio de Economía y Hacienda ha presentado INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO en donde define
explícitamente un nuevo contrato típico de Colaboración Público Privada (PPP)
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Pricewaterhouse Coopers ha elaborado recientemente un informe: Delivering the PPP promise: A review of PPP issues and activity, que hace un análisis sobre los PPP en los distintos mercados europeos y donde concluye sobre las principales ventajas y desafios de este modelo.
Continuar leyendo "PWC: ventajas y desafíos de los PPP para las AA.PP." »
En Europa cada vez hay más acuerdo para construir infraestructuras transfiririendo los riesgos al sector privado.Un estudio realizado por Allen & Overy prevé que en los próximos quince años, se construyan en toda Europa infraestructuras por valor de 400.000 millones de euros, mediante Public Private Partnerships (PPP).
El vicepresidente económico Pedro Solbes ha señalado que una de las medidas que se estudia es la creación de un nuevo fondo, destinado a las inversiones en infraestructuras en España.
El Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha presentado el Anteproyecto de Ley de Reforma y Adaptación de Legislación Mercantil para su armonización internacional con base en la normativa de la Union Europea: ver comunicación
El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas fue creado en 1.980 por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), en su artículo 3, con el objetivo de adecuar la coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado.
Ver Memoria de Actuaciones de 2004
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Morgan Stanley ha publicado un "Quick Comment" referente al Plan Estratégico de Transporte e Infraestructura (PEIT), recientemente aprobado por el Gobierno Español.
Sus principales comentarios son:
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La licitación pública enero - junio de 2005 ha sido:
en miles de euros
El Gobierno ha anunciado la creación de una sociedad para canalizar la inversión privada necesaria el PEIT. Bajo el nombre de Sociedad de Infraestructuras del Transporte Terrestre, estará dotada inicialmente con 500 millones de euros.
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El International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) perteneciente a The International Accounting Standards Board (IASB) ha emitido tres borradores concernientes a Concesiones de Servicios.
Continuar leyendo "IASB: normativa contable sobre concesiones de servicios" »
El Gobierno de Cantabria movilizará 3.000 millones de euros en el "Plan de Gobernanza" para el periodo 2004-2007 que, con la coordinación de la inversión pública y privada, busca lograr un "cambio estructural profundo" en la economía de la región. El Plan incluye doce líneas estratégicas y más de 300 proyectos, previstos o en ejecución.
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Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA) es una empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía y es el órgano ejecutor de las políticas decididas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes en materia de infraestructuras de transportes e hidráulicas.
La competencia de GIASA se circunscribe a la gestión de proyectos y obras de infraestructuras del transporte e hidráulicas, siendo el ámbito de actuación a todo el territorio de la Comunidad autónoma de Andalucía.
En Marzo de 2005, Úría y Menéndez y Price Waterhouse Coopers, por encargo de la CEOE, han publicado un informe titulado:
El Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua) materializa la reorientación de la política del agua en España. Las primeras actuaciones se desarrollarán en las cuencas mediterráneas.
El pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas durante el trienio 2006-2008.
Continuar leyendo "Consejo de Política Fiscal y Financiera: Objetivos CC.AA. 2006 - 2008" »
Según el informe La Construcción Catalana en 2004 y Perspectivas de 2005, realizado por la Cambra Oficial de Contractictes d´Obres de Catalunya, la licitación oficial en Catalunya en 2004 ascendió a 3.575 M de euros, una disminución del 48,3% con respecto al ejercicio 2003.
Las corporaciones locales licitaron 1.072 M (+12,8%), la administración central 1.199 (-38,3%) y la Generalitat 1.302 (-67,6%).
El número medio de empresas que se presentan a una licitación es de 14,2 y el promedio de baja sobre el presupuesto fue de -11,7%.
La Licitación de Obra Oficial en Castilla y León alcanzó, durante el año 2004, un total de 1.645 M de euros, según publica la Memoria (2004) de la Cámara de Contratistas de Castilla y Leon.
La licitación de obra oficial en Castilla y León alcanzó los 1.645 millones de euros en el 2004, lo que supone un descenso del 39% en comparación con el año anterior, según la Cámara de Contratistas . Ese dato es además el segundo más bajo de los últimos cuatro años, y representa el 74% de los 2.232 millones que estaban previstos.
Comparativamente con el año 2003 bajó un 39% debido, en gran parte, al descendo de licitación efectuada por la Administración General del Estado. En total, la Comunidad de Castilla y León representó el 5,7% de la licitación del Estado (28.208M euros). Estas cifras han llevado a Castilla y León a bajar del quinto puesto de la clasificación española al séptimo lugar, por detrás de Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia, Valencia y País Vasco.
La presidenta de la Cámara de Contratistas de la comunidad, María Isabel de Blas, achacó el descenso en el volumen de obra oficial en Castilla y León sobre todo al Estado, que en el 2004 licitó obra por 621 millones, el 64% menos. «Esta disminución se debió fundamentalmente a la nula licitación de obras del Tren de Alta Velocidad», dijo De Blas, que cifró en 6.184 millones la licitación prevista para el 2005. De ellos 4.724 (el 79%) son de la Administración central, 1.060 (el 15%) de la Junta y los 400 restantes (el 6%) de la Administración Local.
Abril de 2005
Standard & Poors ha emitido un informe (14 de abril) sobre el sector de los PPP en Europa. Sobre España expone:
Los PFI y PPPs han tenido una larga trayectoria en España, principalmente en el sector de autopistas de peaje. Sin embargo, la nueva legislación de concesiones aprobada en 2003 permite un mayor rango de proyectos PPP. Así, la actividad PPP en España se está expandiendo en dos nuevos sectores: a) Sanidad (hospitales) y b) edificios públicos. Standard & Poors ve esta nueva legislación como muy favorable y, aunque los contratos no sean tan detallados como en el Reino Unido, el sistema está funcionando suficientemente bien. Las provisiones de finalización de contrato podrían ser, en algunos casos, insuficientes para para cubrir toda la deuda; aunque en España las partes normalmente negocian para evitar la expiración concesional.
2004 fue un punto de inflexión en el sector del peaje. La Autovía de los Viñedos (una autovía de peaje en sombra del Gobierno de Castilla La Mancha con deuda senior AAA asegurada por XXL Capital Assurance (U.K.) Ltd. (AAA/Estable/--)), emitió el primer bono en España para el sector de peaje, abriendo al mercado estos nuevos proyectos. El mercado de capitales, que ofrece vencimientos hasta 30 años, podría refinanciar concesiones de autopistas de peaje que a principios de los años 90 se financiaron a periodos más cortos. En enero del 2005, el Ministerio de Fomento presentó un borrador del Plan de Infraestructuras (PEIT) para 2005 - 2020., que prevé unas inversiones de 241.000 mil millones de euros, con una amplia participación del sector privado. El ferrocarril es el que más pesa, con el 48%, seguido de las carreteras, con el 26,8%. La participación privada dependerá según el sector. Aeropuertos, con una participación privada del 98% y Puertos, con un 90%, son donde más se involucrarán; seguido de ferrocarril (18%) y carreteras (25%). El Plan de Carreteras del Gobierno se coordinará con las distintas comunidades autónomas; algunas tan activas como Galicia (AA-/etable/A-1+), Valencia (AA-/estable/A-1+) y Catalunya(AA/estable/--). En la infraestructura social se destaca un contrato de 250 millones de euros para el Hospital de Majadahonda en la Comunidad de Madrid (AA/Positivo/A-1+). El contrato de concesión de este primer hospital incluye la construcción y los servicios no sanitarios, similar a los proyectos PFI de UK. Los pagos están sujetos a la disponibilidad, pero también hay componentes fijos y una pequeña transferencia de riesgos. Durante 2003-2007 se construirán nueve hospitales más con una inversión de más de 500 millones de euros. En los próximos años veremos los colegios como una nueva forma de project finance en España. Dado que la sanidad y la educación están en manos de los gobiernos autonómicos, se espera ver una política común en reparto de riesgos y contratos concesionales. |
9-04-2005
El Ministerio de Fomento ha publicado en el Boletín Oficial del Estado sendas Órdenes Ministeriales relativas al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura para los operadores ferroviarios, y a la fijación de los cánones que deberán abonar por el uso de las vías.
El 23 de diciembre de 2004 se presenta la sexta actualización del Programa de Estabilidad Presupuestaria de España, con un Programa de Estabilidad para 2004 - 2008.
Esta actualización se enmarca dentro de:
Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria`
Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
30 abril 2004
La Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios y la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, han sido publicadas en el DOUE (L 134 de 30 de abril de 2004).
Eduardo Sebastián de Erice y Malo de Molina View this photo
22-03-2005 en Cinco Dias
En el modelo inglés, el procedimiento de licitación es negociado y hay más espacio para el juego de autonomía de la voluntad de las partes que en España. Contractualmente las partes obtienen seguridad jurídica de cómo se van a desarrollar sus relaciones durante la fase de construcción y explotación del proyecto. Por ejemplo, pactar de antemano cómo actuarán las partes implicadas en el proyecto en el caso de resolución de los contratos del proyecto, en especial, para favorecer la financiación del proyecto.
Así, en el modelo inglés, se pactan derechos de subrogación o step-in rights a favor de las entidades financiadoras, que es reconocido y aceptado por la propia Administración, como medio de protección frente a incumplimientos de la concesionaria. Combinado con determinadas garantías reales, permite además que las entidades financiadoras puedan nombrar una suerte de administración extrajudicial de la empresa con la mera presentación de la demanda ante el juez y notificando a las partes interesadas.
Pero esa suerte de administración extrajudicial que se facilita bajo el modelo anglosajón no es posible en España, porque en caso de concurso del concesionario la Administración sólo tiene la potestad para resolver el contrato y no se puede vaciar de contenido el objeto del procedimiento concursal (ni siquiera mediante los mecanismos de administración judicial previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Además, las prerrogativas y potestades públicas de la administración limitan el juego de la autonomía de la voluntad de las partes ya que la administración no puede pactar cual será su conducta en un supuesto de resolución de los contratos del proyecto, está sujeta al imperio de la ley y supeditada al interés general (no al interés particular de la sociedad concesionaria o en su caso las entidades financiadoras).
No obstante, la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesiones públicas, permite que en determinados supuestos se pueda solicitar a la Administración concedente que les permita subrogarse en el proyecto. La Administración concedente tiene la potestad -que no la obligación- de transferir el proyecto a tales sujetos. Por tanto, las entidades financiadoras del proyecto pueden solicitar a la Administración concedente subrogarse en el cumplimiento del contrato de concesión de obras públicas.
Así, la Ley 13/2003, al introducir la posibilidad de ejercicio de subrogación, se aproxima al concepto de step-in rights del modelo anglosajón de PFI, y facilitará la financiación privada de proyectos de construcción de obras públicas.
31/03/2005
Las empresas de consultoría e ingeniería civil asociadas en la patronal Tecniberia/Asince van a proponer al Ministerio de Fomento que cuente con este sector de manera mucho más activa al desarrollar las obras del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).
Según explicó ayer el presidente de Tecniberia/Asince, Francisco Cal, las ingenierías van a mostrar al Gobierno su plena disposición a actuar como árbitros independientes en los contratos de concesión de obras públicas. 'Se trataría de vigilar que aquellas infraestructuras cuya construcción y explotación se va a ceder a empresas privadas finalicen el periodo de concesión en perfectas condiciones para seguir operando en ellas', añadió Cal.
'Es preciso controlar al adjudicatario de una concesión y si el actual diseño de la Administración no presenta medios para ello, habrá que subcontratarlos', apuntó el presidente de Tecniberia.
Por ello, la patronal ha comunicado ya al Departamento que dirige Magdalena Álvarez su intención de asumir estas nuevas funciones y le ha solicitado que las ingenierías sean reconocidas en la Ley de Concesiones de Obras Públicas con entidad propia.
30 de agosto de 2004
Nuevo capítulo de la SEC 95 (Sistema Europeo de cuentas) sobre deficit y deuda relacionados con contratos de largo plazo entre administraciones públicas y socios privados, que regula los aspectos relacionados con los PPP.
Este capítulo se une al Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública de 2002.
Eurostat ha emitido una nueva decisión (18/2004, de 11 de febrero) sobre el Tratamiento de los Public - Private Partnerships. Esta decisión incentiva los esquemas PPP y está impulsando su desarrollo en toda Europa.
El Committee for Monetary, Financial and Balance of Payments statistics (CMFB) ha opinado sobre esta decisión en el documento: tratamiento en las cuentas públicas de los activos relacionados con contratos PPP.
El Marco Legal para los PPP en España se desarrolla en:
El Ministerio de Fomento, mediante Orden Ministerial de 3 de febrero de 2005, somete a información pública el Proyecto de Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes y de su Informe de Sostenibilidad Ambiental .
El departamento que dirige Magdalena Álvarez inició la redacción de este plan presentándoselo al Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, y comenzó la fase de diálogo público con su exposición a las comunidades autónomas en la respectiva conferencia sectorial. Luego vendrá la presentación a la UE, a los países vecinos, y finalmente, a sectores profesionales relacionados, como el de los Ingenieros de Caminos.
El plan de infraestructuras de Fomento contempla la inversión de un cuarto de billón de euros (214.392 millones) principalmente en ferrocarriles y carreteras, durante los próximos quince años, con horizonte final de ejecución en 2020.
Recogiendo la propuesta que los empresarios lanzaron el pasado diciembre, Fomento tiene previsto diseñar un programa de inversiones en el que la iniciativa del capital privado será fundamental para su financiación, algo muy importante si se tiene en cuenta que España dejará pronto de percibir buena parte de las ayudas estructurales de la UE.
Según los cálculos que hace Fomento, los recursos presupuestarios sólo alcanzarán a costear el 60% de la inversión total prevista, ya que el plan parte “del principio de respeto a la política de estabilidad presupuestaria". El Ministerio confía así en obtener el 40% restante de la inversión a partes iguales de la aportación de capital privado y a través de la autofinanciación de los entes públicos adscritos al Ministerio, como Aena o Adif.
La CEOE ha propuesto al Gobierno un Plan de Infraestructuras que supone invertir un total de 23.350 millones de euros en el periodo 2005-2012, principalmente en carreteras, ferrocarril y desaladoras, a financiar por el capital privado prácticamente en su totalidad, en un 90% (21.850 millones).
Del resto, 1.000 millones provendrán de fondos comunitarios y sólo los 500 millones restantes de los Presupuestos Generales del Estado, según explicaron en rueda de prensa el presidente de la patronal, José María Cuevas, y el presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Confederación, Enrique Aldama.
El plan supondrá un coste para el Estado de 22.000 millones de euros, a razón de una aportación de 900 millones de euros anuales durante hasta 40 años a partir de 2008, por las anualidades deberá realizar a los sistemas de financiación propuestos, principalmente el 'peaje en sombra'.
La colaboración público-privada (CPP), fenómeno en expansión, establece nuevas relaciones entre las esferas pública y privada. El Libro Verde describe las prácticas existentes en la Unión Europea a la luz del Derecho comunitario. Al dar la palabra a los protagonistas, entabla un debate sobre la oportunidad de elaborar un marco jurídico específico a escala europea.
